Por Sergio Sarmiento / Reforma
"Aunque no faltará a quien le suene inadecuado hablar bien de México".
Felipe Calderón
Yo me siento muy orgulloso de ser mexicano. No solamente es el país en el que nací y en el que he vivido y trabajado casi toda mi vida, sino el de mis hijos. Sin embargo, no creo que ocultar la verdad sea la forma de expresar mi amor por mi país.
En dos ocasiones ya el presidente Felipe Calderón ha señalado que la percepción de violencia en México no es producto de lo que realmente ocurre sino de una percepción generada por los medios. Lo dijo el 8 de enero en una reunión con los embajadores y cónsules de nuestro país, a quienes ordenó: "También se vale hablar bien de México, y no sólo se vale sino que se debe". Lo dijo una vez más este 26 de marzo en la reunión Compromiso por el Turismo en México: "México es satanizado... por los propios mexicanos".
Hasta donde puedo ver, empero, los medios mexicanos han dado siempre una amplia cobertura a las observaciones del Presidente que buscan poner en perspectiva la violencia en México. No hay medio electrónico que no lleve obligatoriamente su nota diaria de las declaraciones del mandatario. Fue general la cobertura al señalamiento del Presidente de que la tasa de homicidios en México es de 11.5 por cada 100 mil personas mientras que en Brasil asciende a 22, "el doble que en México". En lo que creo que se equivoca el Presidente es en afirmar que jamás ha escuchado a un brasileño "hablar mal de Brasil". Si hablar mal es quejarse de la violencia, créame, señor Presidente, que mucha gente en Brasil "habla mal" de su país.
Sí, es verdad, hay países más violentos que México. Según las cifras oficiales, 27 naciones registran un mayor número de homicidios por 100 mil habitantes. Los datos del INEGI nos dicen, de hecho, que la tasa de homicidios dolosos por cada 100 mil habitantes ha bajado en México de más de 20 en 1986 a 11.5 en la actualidad. En Baja California, según las cifras oficiales, el descenso ha sido de 27.7 por 100 mil personas en 1989 a 16 en 2008.
Un recuento del periódico Reforma, sin embargo, señala que el número de ejecuciones relacionadas con el crimen organizado pasó de 2,275 en 2007 a 6,587 en 2009. En el 2010, ya vamos en 2,391 hasta el 26 de marzo, lo cual señala que seguramente este año se romperá el récord de 2009. Al parecer los homicidios dolosos tradicionales -por ejemplo, los pasionales- están bajando mientras que suben las ejecuciones.
Ahora bien, así como podemos decir que hay 27 países con tasas de homicidios superiores a las de México, también puede señalarse que más de un centenar de países tienen tasas de homicidio inferiores a las de México. España, por ejemplo, registra 1.2 homicidios dolosos por cada 100 mil habitantes y Chile 1.6.
El problema es que México no se volverá más seguro si los medios de comunicación dejamos de cubrir la ejecución de 10 jóvenes y niños de entre ocho y 21 años de edad en Pueblo Nuevo, Durango, el 28 de marzo, o la de dos estudiantes del Tec del 19 de marzo, o la de 15 jóvenes de Villas de Salvárcar de Juárez del 31 de enero o la de 10 jóvenes en el restaurante El Ferri de Torreón de esa misma fecha. Todas estas muertes son de jóvenes inocentes que nada tenían que ver con el crimen organizado.
Coincido con el Presidente que hay que hablar bien de México. Agradezco la libertad de prensa que tenemos en nuestro país. Estoy consciente de que aquí podemos ser críticos del gobierno de una manera que sería imposible en Venezuela o Cuba. Pero no creo que le hagamos ningún bien a México si pretendemos que es normal que en un retén en un camino rural de Durango 10 niños y jóvenes sean ejecutados.
IMPOSIBLE RENAUT
Después de más de 45 intentos desistí ayer de registrar mis teléfonos en el Renaut. Me dicen que, por alguna extraña razón, algunos celulares se registran en unos cuantos minutos y otros son imposibles de registrar. Pero no hay de qué preocuparse. Ya los ambulantes están vendiendo en las calles teléfonos con una CURP falsa prerregistrada.
www.sergiosarmiento.com
miércoles, 31 de marzo de 2010
lunes, 29 de marzo de 2010
¿Qué hacen los legisladores?
Los legisladores de este país tienen un serio problema con los plazos, incluso con los que ellos mismos se imponen. Fue el caso de la elaboración del Presupuesto de la Federación 2002, de la inconclusa reforma del Estado en 2007, de la designación de nuevos consejeros del IFE en 2008 y en próximos días, muy probablemente, de las 13 reformas que el Senado aún no ha resuelto, pese a que fueron definidas como “prioritarias” por su Junta de Coordinación Política. ¿Las causas? Quizá falta de voluntad política, distracción electoral o simple ignorancia, pero en el fondo la opacidad es la madre de todos esos vicios.
La opinión pública acerca del trabajo en el Poder Legislativo se basa en las imágenes de las sesiones del pleno en ambas cámaras, en los improperios que emiten diputados y senadores con motivo de las alianzas electorales, las tomas de tribuna, entre otros espectáculos. No por nada diputados y senadores están a la cola de la apreciación ciudadana. El problema es que eso que vemos es apenas la punta del iceberg de la labor parlamentaria.
Sabemos, porque hubo un acuerdo público al respecto, que el Senado de la República está en vías de incumplimiento de sus plazos, pero no conocemos las razones detrás de ello. Las explicaciones pueden ir desde el exceso de iniciativas de ley hasta la ausencia de senadores que prefirieron hacer campaña en sus estados. La realidad es que únicamente nos enteramos de lo que es imposible ocultar, como las votaciones en el pleno, o la discusión entre bancadas por la asignación presupuestal de cada año.
Desconocemos si los legisladores siquiera cumplieron con el mandato constitucional de reunirse una vez al mes en sus respectivas comisiones. A veces muchos temas no llegan a ser dictaminados porque nunca hubo quórum para hacerlo, un requisito que refleja los compromisos de un congresista pero que ningún ciudadano tiene posibilidades de confirmar.
¿Y por qué los legisladores pueden ocultar desde los millones que llegan a sus bancadas hasta las listas de asistencia? Porque nadie los obliga a la transparencia. El IFAI está limitado a actuar sobre el Ejecutivo federal y la Auditoría Superior de la Federación está jerárquicamente supeditada a la Cámara de Diputados.
En un verdadero régimen de transparencia, la Cámara alta estaría obligada a registrar y divulgar cuántas veces hubo sesión al interior de las comisiones legislativas, qué discutieron, quiénes asistieron o quiénes no, así como los temas abordados y los votos emitidos. De esa manera se sabría exactamente a quién culpar y por qué de los retrasos y las inacciones.
En este momento los legisladores son flojos o laboriosos según su escala de valores. Debemos hacer que sean lo segundo por obligación y no sólo por gusto.
sábado, 27 de marzo de 2010
¿Guerra a muerte?
Ana Laura Magaloni Kerpel / Reforma
27 Mar. 10
La estrategia del gobierno federal para enfrentar al crimen organizado se centra en el uso de la fuerza y no en la aplicación de la ley
El martes pasado, Reforma publicó a ocho columnas el caso de José Humberto Márquez Compeán, un joven de 26 años que fue detenido, junto con otro compañero, el domingo 21 de marzo, en el municipio de Santa Catarina en Nuevo León. Se les acusaba del delito de narcomenudeo. Cuando eran trasladados a la delegación de la PGR en Escobedo, varios sicarios intentaron liberarlos. Se produjo un enfrentamiento que dejó dos heridos y un muerto. Márquez Compeán quedó ileso. A las 15:15 horas se le puede observar en una fotografía en donde se está subiendo a un helicóptero de la Marina. Es la última vez que se le vio con vida. Al día siguiente aparece en una fotografía el cadáver de un hombre con la misma vestimenta, que fue encontrado en el municipio de San Nicolás. ¿Cómo pasó de su carácter de detenido al de asesinado estando bajo la custodia de las autoridades? ¿Es éste un caso completamente aislado o representa un patrón del tipo de cosas que están sucediendo en la denominada "guerra contra el crimen organizado"?
No existe evidencia que apunte a la generalización de este caso. Lo único que sí se puede sostener con datos del INEGI es que esta "guerra" no ha aumentado en forma significativa el número de asuntos consignados por la PGR con respecto a los de años anteriores. Para explicarlo en forma simple, las consignaciones se refieren a los casos en donde el MP construye una acusación, con pruebas, testimonios y argumentos, para solicitar a un juez que dé inicio a un juicio penal en contra de un presunto responsable. Como todos sabemos, el juicio es el único mecanismo que existe para que un delincuente sea sentenciado a prisión. En este sentido, el número de consignaciones por parte de la PGR es un primer indicador sobre la capacidad del gobierno federal para aplicar la ley a los delincuentes.
La información del INEGI sobre procesos penales federales indica que, del 2006 a 2008 (los datos sólo llegan hasta este año), el número total de asuntos consignados por la PGR sólo se elevó 9.7% entre un año y otro. Sobra decir que en 2006 la agenda del gobierno federal se centró en la elección presidencial y en el conflicto postelectoral. En cambio, 2008 fue un año en donde dicha agenda fue predominantemente la de seguridad. El número total de consignaciones no refleja estas diferencias.
El punto medular se encuentra cuando se analiza con más detalle el tipo de casos que consignó la PGR en cada año. Así, por ejemplo, mientras que en 2006 la PGR consignó 51 casos de homicidio, en 2008 consignó 62. Un homicidio es un delito federal (y no local) cuando se comete contra un servidor público federal, o bien, cuando tiene relación con otros delitos federales como es el caso del narcotráfico. Por tanto, a pesar de las miles de ejecuciones y las decenas de policías federales y soldados asesinados en 2008, no formó parte de la estrategia de seguridad, ni de la reconstrucción de la autoridad del Estado, perseguir eficazmente a los que los cometieron.
Por lo que respecta a los delitos relacionados con narcotráfico, en 2006 hubo 16,290 consignaciones en este rubro y en 2008, 17,360. Es decir, hubo un ligero aumento de 6% entre un año y otro. ¿Cómo explicar esta cifra? Por el delito de lesiones -uno esperaría que esta "guerra" hubiese dejado a muchos lesionados- prácticamente la cifra de consignaciones permanece idéntica: en 2006 hubo 29 casos y en 2008 hubo 31.
Finalmente, en el caso de delitos del crimen organizado distintos al narcotráfico el número de consignaciones es desolador: en 2008, la PGR sólo consignó ocho casos de secuestro y uno de trata de personas. Cabe destacar, además, que en ese año no existió ninguna consignación por el delito de tortura.
Así, todo parece indicar que los operativos y detenciones que llevan a cabo todos los días el Ejército y la Policía Federal en distintas entidades del país no están traduciéndose en procesos judiciales a través de los cuales sea posible encarcelar a los responsables de la violencia que se vive en muchas partes del país. Si a estas personas no se les está procesando y encarcelando, ¿dónde están?, ¿en qué consiste la "guerra" contra el crimen? ¿Cuáles son los objetivos que se ha propuesto el Estado mexicano en esta materia?
Por lo menos una cosa está clara: la estrategia del gobierno federal para enfrentar al crimen organizado se centra en el uso de la fuerza y no en la aplicación de la ley. Quizá ello explica el calificativo de "guerra". Cabría preguntase entonces qué exactamente es lo que entiende la administración federal cuando habla del "restablecimiento de la autoridad del Estado mexicano frente al crimen" como objetivo central de sus políticas de seguridad. En una democracia, a diferencia de un régimen dictatorial, la principal fuente de autoridad del Estado proviene de su capacidad para hacer efectiva la ley de acuerdo a los procedimientos establecidos con ese fin. El uso de la fuerza, por sí solo, no puede generar esa autoridad. Los procesos judiciales, con todo lo que llevan aparejado (pruebas, los argumentos jurídicos, escrutinio público), son los vehículos que tiene el Estado para legitimar el uso mismo de la fuerza, para diferenciar a un policía de un delincuente y para mostrar a la ciudadanía de qué está hecha su autoridad. ¿Qué consecuencias cabe esperar que tenga en el país el hecho de que nada de ello forme parte central de la agenda de seguridad pública de la actual administración?
27 Mar. 10
La estrategia del gobierno federal para enfrentar al crimen organizado se centra en el uso de la fuerza y no en la aplicación de la ley
El martes pasado, Reforma publicó a ocho columnas el caso de José Humberto Márquez Compeán, un joven de 26 años que fue detenido, junto con otro compañero, el domingo 21 de marzo, en el municipio de Santa Catarina en Nuevo León. Se les acusaba del delito de narcomenudeo. Cuando eran trasladados a la delegación de la PGR en Escobedo, varios sicarios intentaron liberarlos. Se produjo un enfrentamiento que dejó dos heridos y un muerto. Márquez Compeán quedó ileso. A las 15:15 horas se le puede observar en una fotografía en donde se está subiendo a un helicóptero de la Marina. Es la última vez que se le vio con vida. Al día siguiente aparece en una fotografía el cadáver de un hombre con la misma vestimenta, que fue encontrado en el municipio de San Nicolás. ¿Cómo pasó de su carácter de detenido al de asesinado estando bajo la custodia de las autoridades? ¿Es éste un caso completamente aislado o representa un patrón del tipo de cosas que están sucediendo en la denominada "guerra contra el crimen organizado"?
No existe evidencia que apunte a la generalización de este caso. Lo único que sí se puede sostener con datos del INEGI es que esta "guerra" no ha aumentado en forma significativa el número de asuntos consignados por la PGR con respecto a los de años anteriores. Para explicarlo en forma simple, las consignaciones se refieren a los casos en donde el MP construye una acusación, con pruebas, testimonios y argumentos, para solicitar a un juez que dé inicio a un juicio penal en contra de un presunto responsable. Como todos sabemos, el juicio es el único mecanismo que existe para que un delincuente sea sentenciado a prisión. En este sentido, el número de consignaciones por parte de la PGR es un primer indicador sobre la capacidad del gobierno federal para aplicar la ley a los delincuentes.
La información del INEGI sobre procesos penales federales indica que, del 2006 a 2008 (los datos sólo llegan hasta este año), el número total de asuntos consignados por la PGR sólo se elevó 9.7% entre un año y otro. Sobra decir que en 2006 la agenda del gobierno federal se centró en la elección presidencial y en el conflicto postelectoral. En cambio, 2008 fue un año en donde dicha agenda fue predominantemente la de seguridad. El número total de consignaciones no refleja estas diferencias.
El punto medular se encuentra cuando se analiza con más detalle el tipo de casos que consignó la PGR en cada año. Así, por ejemplo, mientras que en 2006 la PGR consignó 51 casos de homicidio, en 2008 consignó 62. Un homicidio es un delito federal (y no local) cuando se comete contra un servidor público federal, o bien, cuando tiene relación con otros delitos federales como es el caso del narcotráfico. Por tanto, a pesar de las miles de ejecuciones y las decenas de policías federales y soldados asesinados en 2008, no formó parte de la estrategia de seguridad, ni de la reconstrucción de la autoridad del Estado, perseguir eficazmente a los que los cometieron.
Por lo que respecta a los delitos relacionados con narcotráfico, en 2006 hubo 16,290 consignaciones en este rubro y en 2008, 17,360. Es decir, hubo un ligero aumento de 6% entre un año y otro. ¿Cómo explicar esta cifra? Por el delito de lesiones -uno esperaría que esta "guerra" hubiese dejado a muchos lesionados- prácticamente la cifra de consignaciones permanece idéntica: en 2006 hubo 29 casos y en 2008 hubo 31.
Finalmente, en el caso de delitos del crimen organizado distintos al narcotráfico el número de consignaciones es desolador: en 2008, la PGR sólo consignó ocho casos de secuestro y uno de trata de personas. Cabe destacar, además, que en ese año no existió ninguna consignación por el delito de tortura.
Así, todo parece indicar que los operativos y detenciones que llevan a cabo todos los días el Ejército y la Policía Federal en distintas entidades del país no están traduciéndose en procesos judiciales a través de los cuales sea posible encarcelar a los responsables de la violencia que se vive en muchas partes del país. Si a estas personas no se les está procesando y encarcelando, ¿dónde están?, ¿en qué consiste la "guerra" contra el crimen? ¿Cuáles son los objetivos que se ha propuesto el Estado mexicano en esta materia?
Por lo menos una cosa está clara: la estrategia del gobierno federal para enfrentar al crimen organizado se centra en el uso de la fuerza y no en la aplicación de la ley. Quizá ello explica el calificativo de "guerra". Cabría preguntase entonces qué exactamente es lo que entiende la administración federal cuando habla del "restablecimiento de la autoridad del Estado mexicano frente al crimen" como objetivo central de sus políticas de seguridad. En una democracia, a diferencia de un régimen dictatorial, la principal fuente de autoridad del Estado proviene de su capacidad para hacer efectiva la ley de acuerdo a los procedimientos establecidos con ese fin. El uso de la fuerza, por sí solo, no puede generar esa autoridad. Los procesos judiciales, con todo lo que llevan aparejado (pruebas, los argumentos jurídicos, escrutinio público), son los vehículos que tiene el Estado para legitimar el uso mismo de la fuerza, para diferenciar a un policía de un delincuente y para mostrar a la ciudadanía de qué está hecha su autoridad. ¿Qué consecuencias cabe esperar que tenga en el país el hecho de que nada de ello forme parte central de la agenda de seguridad pública de la actual administración?
Más cultura, menos mitos
René Delgado / Reforma
27 Mar. 10
México no es un país de leyes, pero el más mínimo cambio en su favor exige reformar las leyes.
Ese absurdo lleva a otro: las leyes no se pueden reformar porque el país vive un desacuerdo nacional y, entonces, cuando una ley se logra reformar, esa reforma no es la deseable sino la posible. Y como la reforma no sirve, se incumple la ley y, por lo mismo, es menester reformar la reforma de la ley que no se va a acatar.
Con ese cuento o mito no tan genial, la élite política explica por qué el país está como está pero ni por asomo se le ocurre imaginar una historia distinta y mucho menos realizar un mejor destino. Se fascina en repetir el cuento de nunca poder. ¿Quieres que te lo cuente otra vez?
* * *
En esa lógica de la imposibilidad, proponer reformas no cuesta nada porque, a fin de cuentas, nada se va a reformar, y si algo se llega a reformar será insuficiente y, si no, ya se verá cómo incumplir lo reformado. Así, sin el menor rubor, una y otra vez se propone emprender la Gran Reforma ___________ (espacio a llenar por la ilusión ciudadana, a partir del variado menú existente).
Ejemplos sobran. Varios de los partidos que aprobaron la prohibición de comprar espacios en los medios electrónicos son los mismos que burlaron la prohibición anunciándose a través de un tercero que hablaba muy bien de ellos. Ejemplos sobran. Los partidos que aprobaron registrar los teléfonos celulares para combatir la extorsión son los mismos que proponen prorrogar el plazo que fijaron. Ejemplos sobran. Los mismos partidos que, por los más diversos y encontrados motivos, se congratularon por la reforma petrolera, son los mismos que denuncian su insuficiencia. Ejemplos sobran. La embestida del Poder Ejecutivo contra el Poder Legislativo por no aprobar la reforma judicial y que concluyó con la reforma de la reforma propuesta configuró recursos que ni una vez ha empleado el Ejecutivo (v.gr. extinción de dominio) o configuró recursos de los que abusa sin medida (v.gr. arraigos insostenibles).
Proponer reformas no cuesta nada ni importa mucho, y, porque nada se puede reformar, se propone reformar todo. Da igual... es un pasatiempo que entretiene a la élite y la obliga a administrar el no poder.
* * *
En el colmo de esa lógica de la imposibilidad se llegan a proponer Reformas de Gran Calado con enorme dosis de perversidad o ingenuidad política.
Se lanzan reformas con el solo propósito de que sean rechazadas y cobrar, si se puede -ésa es la ganancia-, la factura de su frustración al adversario en turno (v.gr. la reforma política calderonista). Se lanzan reformas para supuestamente atender el reclamo ciudadano pero sobre todo para elevar el nivel de popularidad del proponente, a sabiendas de la inutilidad de la modificación (v.gr. pena de muerte a los secuestradores). Se lanzan reformas sin considerar la agenda ni el calendario político que condena su destino (v.gr. la reforma laboral a unas semanas del Día del Trabajo). Se lanzan reformas para poderlas canjear por algún beneficio político (v.gr. impuestos por votos). Se lanzan reformas sin emprender ninguna negociación preliminar, sin ni siquiera haberlas elaborado para luego manifestar asombro frente al rechazo o la resistencia encontrada (v.gr. infinidad de ellas).
Esa filosofía del no poder ha llevado a la élite política a perder el sentido de la oportunidad y la prioridad para emprender acciones disparatadas y de lo más variado.
No se acaban de definir y conciliar los términos de la nueva Cédula de Identidad Nacional, cuando ya se anuncia a la ciudadanía que, además, deberá registrar su teléfono celular y de una vez someter a una verificación mecánica (distinta a la ambiental) su vehículo... si no se lo han robado. Ni una de esas tres acciones avanza debidamente (la vehicular ya se abortó), pero sin duda algún nuevo registro se les habrá de ocurrir. No hasta el concurso del trámite más inútil... resultó inútil.
El cuento de nunca poder es una historia sin fin.
* * *
En ese juego de hago todo lo que puedo pero no puedo hacer nada, la élite política ha pasado por alto cuestionarse por qué nada o muy poco puede hacer... mientras el país se desbarata.
Proponen reforma tras reforma pero no emprenden una campaña para desarrollar una cultura política basada en la confianza, la credibilidad y la legalidad. Sin esos ingredientes, básicos en toda democracia y en todo Estado de derecho, las leyes se pueden perfeccionar 100 o más veces. Da igual qué tan buenas o malas sean.
No se trata, no lo vaya a entender así el zar de la incomunicación presidencial, de elaborar una campaña de spots con jingles pegajosos. No, se trata de emprender pequeñas acciones sostenidas que, en un plazo corto, revelen un cambio de actitud por parte de la élite política. Una política de manifiesta rectificación frente a aquellos actos de poder que vulneran el Estado de derecho y alejan la cultura de la legalidad.
Ejemplos hay de sobra. Liberar a las indígenas Teresa González y Alberta Alcántara, cuyo indebido encarcelamiento ha sido expuesto hasta la saciedad por activistas y autoridades en materia de derechos humanos, sería una de esas pequeñas acciones. Reivindicar públicamente a los funcionarios y munícipes michoacanos arraigados y consignados indebidamente podría ser otra. Cancelar con sincera humildad aquellos nuevos trámites o registros destinados al fracaso sería una más. Proceder decidida y firmemente contra aquellos munícipes que, a diferencia de los de Michoacán, tienen manifiestos y declarados vínculos con el crimen y actúan en colaboración o complicidad con él podría ser una acción de ese tipo. Reportar el número de delincuentes consignados y procesados, en lugar de sólo anunciar detenciones sin consecuencia, sería una más.
Acciones y señales de ese tipo alentarían el desarrollo de esa cultura cívico-política que, en un corto plazo, repusiera la confianza, la credibilidad y la legalidad imprescindibles para, entonces sí, pensar y realizar los cambios de ley necesarios.
* * *
Es comprensible que la élite política prefiere proponer reforma tras reforma para no cambiar. Rectificar su conducta, modificar su actitud, generar esa nueva cultura la comprometería muchísimo más que estar proponiendo y proponiendo reformas para alargar el cuento de nunca poder.
Es comprensible eso, no que la sociedad siga pagando a plazos y a un alto precio el noviciado de su ciudadanía. Hay actos, hay actitudes, hay impunidades e injusticias que de ningún modo se deben tolerar, aun si le propone escuchar el cuento de las reformas de nunca acabar.
sobreaviso@latinmail.com
27 Mar. 10
México no es un país de leyes, pero el más mínimo cambio en su favor exige reformar las leyes.
Ese absurdo lleva a otro: las leyes no se pueden reformar porque el país vive un desacuerdo nacional y, entonces, cuando una ley se logra reformar, esa reforma no es la deseable sino la posible. Y como la reforma no sirve, se incumple la ley y, por lo mismo, es menester reformar la reforma de la ley que no se va a acatar.
Con ese cuento o mito no tan genial, la élite política explica por qué el país está como está pero ni por asomo se le ocurre imaginar una historia distinta y mucho menos realizar un mejor destino. Se fascina en repetir el cuento de nunca poder. ¿Quieres que te lo cuente otra vez?
* * *
En esa lógica de la imposibilidad, proponer reformas no cuesta nada porque, a fin de cuentas, nada se va a reformar, y si algo se llega a reformar será insuficiente y, si no, ya se verá cómo incumplir lo reformado. Así, sin el menor rubor, una y otra vez se propone emprender la Gran Reforma ___________ (espacio a llenar por la ilusión ciudadana, a partir del variado menú existente).
Ejemplos sobran. Varios de los partidos que aprobaron la prohibición de comprar espacios en los medios electrónicos son los mismos que burlaron la prohibición anunciándose a través de un tercero que hablaba muy bien de ellos. Ejemplos sobran. Los partidos que aprobaron registrar los teléfonos celulares para combatir la extorsión son los mismos que proponen prorrogar el plazo que fijaron. Ejemplos sobran. Los mismos partidos que, por los más diversos y encontrados motivos, se congratularon por la reforma petrolera, son los mismos que denuncian su insuficiencia. Ejemplos sobran. La embestida del Poder Ejecutivo contra el Poder Legislativo por no aprobar la reforma judicial y que concluyó con la reforma de la reforma propuesta configuró recursos que ni una vez ha empleado el Ejecutivo (v.gr. extinción de dominio) o configuró recursos de los que abusa sin medida (v.gr. arraigos insostenibles).
Proponer reformas no cuesta nada ni importa mucho, y, porque nada se puede reformar, se propone reformar todo. Da igual... es un pasatiempo que entretiene a la élite y la obliga a administrar el no poder.
* * *
En el colmo de esa lógica de la imposibilidad se llegan a proponer Reformas de Gran Calado con enorme dosis de perversidad o ingenuidad política.
Se lanzan reformas con el solo propósito de que sean rechazadas y cobrar, si se puede -ésa es la ganancia-, la factura de su frustración al adversario en turno (v.gr. la reforma política calderonista). Se lanzan reformas para supuestamente atender el reclamo ciudadano pero sobre todo para elevar el nivel de popularidad del proponente, a sabiendas de la inutilidad de la modificación (v.gr. pena de muerte a los secuestradores). Se lanzan reformas sin considerar la agenda ni el calendario político que condena su destino (v.gr. la reforma laboral a unas semanas del Día del Trabajo). Se lanzan reformas para poderlas canjear por algún beneficio político (v.gr. impuestos por votos). Se lanzan reformas sin emprender ninguna negociación preliminar, sin ni siquiera haberlas elaborado para luego manifestar asombro frente al rechazo o la resistencia encontrada (v.gr. infinidad de ellas).
Esa filosofía del no poder ha llevado a la élite política a perder el sentido de la oportunidad y la prioridad para emprender acciones disparatadas y de lo más variado.
No se acaban de definir y conciliar los términos de la nueva Cédula de Identidad Nacional, cuando ya se anuncia a la ciudadanía que, además, deberá registrar su teléfono celular y de una vez someter a una verificación mecánica (distinta a la ambiental) su vehículo... si no se lo han robado. Ni una de esas tres acciones avanza debidamente (la vehicular ya se abortó), pero sin duda algún nuevo registro se les habrá de ocurrir. No hasta el concurso del trámite más inútil... resultó inútil.
El cuento de nunca poder es una historia sin fin.
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En ese juego de hago todo lo que puedo pero no puedo hacer nada, la élite política ha pasado por alto cuestionarse por qué nada o muy poco puede hacer... mientras el país se desbarata.
Proponen reforma tras reforma pero no emprenden una campaña para desarrollar una cultura política basada en la confianza, la credibilidad y la legalidad. Sin esos ingredientes, básicos en toda democracia y en todo Estado de derecho, las leyes se pueden perfeccionar 100 o más veces. Da igual qué tan buenas o malas sean.
No se trata, no lo vaya a entender así el zar de la incomunicación presidencial, de elaborar una campaña de spots con jingles pegajosos. No, se trata de emprender pequeñas acciones sostenidas que, en un plazo corto, revelen un cambio de actitud por parte de la élite política. Una política de manifiesta rectificación frente a aquellos actos de poder que vulneran el Estado de derecho y alejan la cultura de la legalidad.
Ejemplos hay de sobra. Liberar a las indígenas Teresa González y Alberta Alcántara, cuyo indebido encarcelamiento ha sido expuesto hasta la saciedad por activistas y autoridades en materia de derechos humanos, sería una de esas pequeñas acciones. Reivindicar públicamente a los funcionarios y munícipes michoacanos arraigados y consignados indebidamente podría ser otra. Cancelar con sincera humildad aquellos nuevos trámites o registros destinados al fracaso sería una más. Proceder decidida y firmemente contra aquellos munícipes que, a diferencia de los de Michoacán, tienen manifiestos y declarados vínculos con el crimen y actúan en colaboración o complicidad con él podría ser una acción de ese tipo. Reportar el número de delincuentes consignados y procesados, en lugar de sólo anunciar detenciones sin consecuencia, sería una más.
Acciones y señales de ese tipo alentarían el desarrollo de esa cultura cívico-política que, en un corto plazo, repusiera la confianza, la credibilidad y la legalidad imprescindibles para, entonces sí, pensar y realizar los cambios de ley necesarios.
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Es comprensible que la élite política prefiere proponer reforma tras reforma para no cambiar. Rectificar su conducta, modificar su actitud, generar esa nueva cultura la comprometería muchísimo más que estar proponiendo y proponiendo reformas para alargar el cuento de nunca poder.
Es comprensible eso, no que la sociedad siga pagando a plazos y a un alto precio el noviciado de su ciudadanía. Hay actos, hay actitudes, hay impunidades e injusticias que de ningún modo se deben tolerar, aun si le propone escuchar el cuento de las reformas de nunca acabar.
sobreaviso@latinmail.com
domingo, 21 de marzo de 2010
Erramos al confiar en Procurador.-Tec
El Rector afirma que el Procurador estatal le aseguró que los muertos no eran estudiantes del Tec.
Osvaldo Robles / Reforma
Monterrey, México (21 marzo 2010).- La noticia cimbró a la sociedad entera y a la comunidad estudiantil de la considerada la mejor universidad privada de México.
El Tec de Monterrey informó ayer que las dos personas muertas en el enfrentamiento entre Zetas y elementos del Ejército, que se registró la madrugada del viernes frente a su campus, no eran sicarios sino estudiantes de postgrado becados por excelencia académica.
Visiblemente afectado, con los ojos enrojecidos, el Rector del Sistema Tec, Rafael Rangel Sostmann, narra cómo se dio cuenta del error tras confiar en la versión del Procurador de Justicia del Estado, Alejandro Garza y Garza.
El Tec descartó en un principio a través de un comunicado que las víctimas eran estudiantes, ¿cómo llegaron a esa conclusión?
> Dos papás reportan a sus hijos desaparecidos ayer (viernes) a las cuatro de la tarde, empezamos a ayudarles a ir a la Cruz Roja.
(Esa noche) recogen los muertos, no nos dejan acercarnos, entonces los medios... el Ejército declara que no eran estudiantes, nosotros nos enteramos por los medios.
Ya después el Rector del Campus Monterrey, Alberto Bustani, le habló al Procurador y le pregunta que si eran estudiantes o algo relacionado con el Tec, y le dice: "definitivamente no", le asegura que no eran estudiantes del Tec, y ése fue nuestro error, concluir que la información que nos pasaba el Procurador era cierta.
Primero el Ejército dice que eran dos de los sicarios, y luego el Procurador dice que no son del Tec, nosotros emitimos un comunicado diciendo "no hay muertos que pertenezcan a esta comunidad".
Entonces estos papás vienen ayer (viernes), preocupados por sus dos hijos, hoy (sábado) al mediodía los llevan al Semefo y dos tíos y los papás de uno de ellos están reconociéndolos.
¿Cómo recibe usted, como Rector del Instituto, esta noticia?
> Primero muy mal, por los papás y por los muchachos; pero segundo, con 25 años como Rector, cómo se nos ocurre emitir un comunicado basado en una información que nos da el Procurador.
Debimos de haber verificado esa información, eso es de lo que yo ahorita me siento responsable.
La gente de Comunicación se confía en que la información es cierta.
Y también, por otro lado, un General me busca a mí, yo no estoy, estoy en una reunión, después habla con el Rector Bustani y le pide disculpas, pero nunca habla de ningún muerto del Tecnológico, pide disculpas por haberse metido, lo que yo no estoy seguro es si ellos inicialmente sabían que eran del Tecnológico.
¿El personal de seguridad del Tec no tuvo acceso a ver los cuerpos?
> No, el guardia oye quejidos, pero está acostado, está metido en el baño y le dicen que se vaya al edificio de enseguida, hay mucha gente que opina que sí sabían que eran estudiantes.
¿Está decepcionado del manejo que le dio a la información el Gobierno del Estado?
> No, (decepcionado) de mí, porque cómo voy a saber yo si ellos tenían información también, (decepcionado) de mí, de aquí en adelante cuando me den información hay que verificarla 20 veces, porque ahora qué explicación le vamos a dar a los papás.
Es muy triste que muera el hijo y que nosotros digamos que no ha muerto nadie, esto es sumamente penoso y vergonzoso.
¿Tienen ustedes alguna señal que les permita inferir si los estudiantes fueron victimados por los sicarios o por los soldados?
> No tenemos manera absolutamente, por ley de probabilidades yo creo que pudieron haber recibido de los dos, lo más probable es que ellos iban saliendo cuando empieza el tiroteo, ellos tratan de regresar al Instituto y lo más probable es que los hayan agarrado en medio del tiroteo.
En los últimos dos días hay tres víctimas civiles inocentes como resultado de los enfrentamientos entre soldados y sicarios.
¿Cree usted que debe mantenerse la estrategia del combate al crimen organizado con el Ejército en las calles?
> Me gustaría tener la respuesta.
Estamos en medio de una guerra que no estoy seguro si va a haber un triunfador. Quizá se tiene que debatir si la estrategia que se está siguiendo es la más correcta; yo en lo personal no tengo elementos para decir que es la incorrecta.
No me gusta que muera gente inocente, pero no escucho una solución clara de alguien.
Dicen: "saquen al Ejército". Muy bien, lo sacan y entonces, ¿quién nos defiende? Yo con toda franqueza traigo en mi celular el teléfono del Ejército; para hablarle con franqueza, yo no le hablaría a la Policía, y varias veces he tenido reportes.
Para mí la solución es que Estados Unidos y México tienen que cambiar su política. Y la política ahorita es yo te envío el dinero y las armas, por parte de Estados Unidos, y México pone los muertos y la droga.
Y eso a la larga no nos va funcionar, no es una cuestión de sacar o no al Ejército, el problema es que se tiene que cambiar la política, en este caso de Estados Unidos.
A simple vista parecería muy difícil confundir a dos estudiantes del Tec con dos sicarios d Exactamente, eso fue lo que nos dijeron.
¿Sospechan que se intentó ocultar la verdad?
> No sé, me gustaría platicar con el señor Procurador, porque él aseguraba que ésos no eran estudiantes del Tec, y una de las cosas que dijo (cuando le preguntó Bustani) es lo que usted está diciendo, visualmente, él dijo "imposible".
Lo que no entiendo es cómo estuvo tan seguro, a lo mejor cometió el mismo error que yo, no verificó. Así dijo: "no podían ser alumnos del Tec".
¿Qué opinión le merece el papel desempeñado por el Gobierno del Estado ante la ola de violencia generada por el crimen organizado?
> Desgraciadamente creo que ya se rebasó en muchos lados, está rebasado. Yo tuve dos Gobernadores en toda mi larga historia de Rector, uno de un color y otro de otro color, y fui y les dije "tenemos un problema con el narcotráfico", y ellos me dijeron que eso no era responsabilidad del Estado, que era responsabilidad federal.
Fui a la parte federal, me mandaron con el Zar antidrogas, y seis meses después esa persona estaba acusada de ser el líder de uno de los cárteles, entonces esto no empezó ayer. Ahí se lo dejo.
miércoles, 17 de marzo de 2010
¡Defendámonos!
por Sergio Aguayo Quezada
17 Mar. 10
A la memoria de Ricardo Cinta.
No saben gobernar pero, resignémonos, tampoco van a renunciar. Entonces exijámosles instrumentos para defendernos.
Los ricos del mundo. En 1987 la revista Forbes inauguró la lista anual de quienes poseen más de mil millones de dólares. Aquel año sólo aparecían los Garza Sada de Monterrey con 2 mil millones. En 2010 son ocho las familias mexicanas que acumulan 82 mil millones de dólares. En la cúspide está Carlos Slim, el más rico del mundo con 53.5 mil millones que, cuando habla, insiste en que sólo cosecha lo sembrado y regado con frugalidad, astucia y trabajo, por supuesto, algo hay de eso.
Sin embargo, Slim y otros multimillonarios mexicanos se aprovechan de que los consumidores estamos maniatados y condenados a pagar tarifas caras y comisiones leoninas por un servicio mediocre. Visité un Centro de Atención a Clientes Telcel para cambiar de plan, a los 45 minutos me atienden y aprovecho para preguntar por qué me cobran cada año una fianza de 200 pesos, responden: "política de la empresa", como si esas palabras justificaran las mañas empleadas por Telcel para exprimirnos ante la sonrisa beata de una impotente e indolente Procuraduría Federal del Consumidor. De lo que pude observar ningún empleado advertía la obligatoriedad de inscribir el celular en el Registro Nacional de Usuarios de Telefonía Móvil (Renaut).
Las extorsiones telefónicas. Cuatro días después levanto el teléfono fijo para escuchar el mensaje de todos tan temido: "somos Zetas y te hablamos para pedirte una colaboración económica. No nos menosprecies hijo de tu pinchi madre", etcétera. Cuelgo y llamo a un jefe policiaco para pedir consejo. Le relato la conversación; me tranquiliza diciéndome que parecen imitadores, me recomienda desconectar el teléfono por unos días o esperar otra llamada y pedirle un encuentro personal para entregarle la "colaboración económica"; en ese momento la policía lo detendría, supongo.
La respuesta desazona. Esperaba escuchar que rastrearían la llamada, que seguramente era de celular, y que perseguirían a los extorsionadores con patrullas repletas de atléticos policías, como los de esas fotos gigantescas que cuelgan de un costado del edificio de la Policía Federal Preventiva en Periférico Sur. En lugar de ello me transferían el riesgo a mí confirmándome: a) que están rebasados, y b) que carecen del equipo y la organización para atender estos casos.
Al día siguiente el Grupo Reforma inició la publicación de una serie sobre las extorsiones telefónicas y el Renaut. Resulta que ¡la mitad de los capitalinos! hemos padecido extorsiones telefónicas y los delincuentes se aprovechan del desorden en la telefonía celular. El 10 de abril vence el plazo para registrarse en el Renaut y sólo lo ha hecho la mitad. Las telefónicas ya pidieron que se amplíe un año el registro obligatorio; los legisladores responsabilizaron al Ejecutivo que respondió acusándolos de hacer mal las leyes. Una conversación típica de Muchilanga, Burundanga y Bernabé.
Conclusión con solución. Ni a los monopolios u oligopolios ni al Legislativo ni al gobierno federal ni a los organismos reguladores les importan un carajo nuestros ingresos o seguridad. Ellos sólo quieren que paguemos, votemos y callemos.
Si tuviéramos "acciones colectivas", podríamos enfrentar los abusos de las empresas y las ineficacias oficiales. La Cámara de Diputados tiene la ley en sala de espera; un acicate sería que el Distrito Federal se pusiera a la vanguardia y la Asamblea Legislativa nos regalara una legislación que permita las "acciones colectivas" en la capital. Sería igualmente deseable que el Legislativo federal no extienda el plazo del 10 de abril establecido en el Renaut. En lugar de eso que obliguen a empresarios y al Ejecutivo a reparar las deficiencias de ese mecanismo que frenaría un poco la epidemia de extorsiones telefónicas.
Son ineptos y no van a renunciar. Que al menos nos entreguen instrumentos legales para defendernos. La voluntad existe.
La miscelánea
En 2008 Calderón nombró a Tarcisio Rodríguez Martínez, panista jalisciense, director de Caminos y Puentes Federales (Capufe). De caminos sabía poco porque es ingeniero en electrónica. Leyendo su currículum uno pensaría que sabría de puentes porque desde 1991 anda brincando entre el Congreso local y el federal y esos organismos sí saben prolongar los días de asueto. Esperanza inútil. El viernes 12 inició un puente vacacional y a Capufe se le ocurrió reencapertar ese día dos de tres carriles de la autopista a Cuernavaca. Al mediodía el embotellamiento era infernal. En el pasado Arturo Durazo cerraba el Periférico para visitar amantes; ahora bloquean vías rápidas por la incompetencia de otro "cuate" de Calderón. El modelo es panista bien pagado, ciudadano vapuleado.
Comentarios: www.sergioaguayo.org. Ahí se encuentran los cuadros con la relación de los ocho mexicanos en Forbes (2010) y la encuesta sobre extorsiones telefónicas. Colaboró: Laura Ruiz Castro.
17 Mar. 10
A la memoria de Ricardo Cinta.
No saben gobernar pero, resignémonos, tampoco van a renunciar. Entonces exijámosles instrumentos para defendernos.
Los ricos del mundo. En 1987 la revista Forbes inauguró la lista anual de quienes poseen más de mil millones de dólares. Aquel año sólo aparecían los Garza Sada de Monterrey con 2 mil millones. En 2010 son ocho las familias mexicanas que acumulan 82 mil millones de dólares. En la cúspide está Carlos Slim, el más rico del mundo con 53.5 mil millones que, cuando habla, insiste en que sólo cosecha lo sembrado y regado con frugalidad, astucia y trabajo, por supuesto, algo hay de eso.
Sin embargo, Slim y otros multimillonarios mexicanos se aprovechan de que los consumidores estamos maniatados y condenados a pagar tarifas caras y comisiones leoninas por un servicio mediocre. Visité un Centro de Atención a Clientes Telcel para cambiar de plan, a los 45 minutos me atienden y aprovecho para preguntar por qué me cobran cada año una fianza de 200 pesos, responden: "política de la empresa", como si esas palabras justificaran las mañas empleadas por Telcel para exprimirnos ante la sonrisa beata de una impotente e indolente Procuraduría Federal del Consumidor. De lo que pude observar ningún empleado advertía la obligatoriedad de inscribir el celular en el Registro Nacional de Usuarios de Telefonía Móvil (Renaut).
Las extorsiones telefónicas. Cuatro días después levanto el teléfono fijo para escuchar el mensaje de todos tan temido: "somos Zetas y te hablamos para pedirte una colaboración económica. No nos menosprecies hijo de tu pinchi madre", etcétera. Cuelgo y llamo a un jefe policiaco para pedir consejo. Le relato la conversación; me tranquiliza diciéndome que parecen imitadores, me recomienda desconectar el teléfono por unos días o esperar otra llamada y pedirle un encuentro personal para entregarle la "colaboración económica"; en ese momento la policía lo detendría, supongo.
La respuesta desazona. Esperaba escuchar que rastrearían la llamada, que seguramente era de celular, y que perseguirían a los extorsionadores con patrullas repletas de atléticos policías, como los de esas fotos gigantescas que cuelgan de un costado del edificio de la Policía Federal Preventiva en Periférico Sur. En lugar de ello me transferían el riesgo a mí confirmándome: a) que están rebasados, y b) que carecen del equipo y la organización para atender estos casos.
Al día siguiente el Grupo Reforma inició la publicación de una serie sobre las extorsiones telefónicas y el Renaut. Resulta que ¡la mitad de los capitalinos! hemos padecido extorsiones telefónicas y los delincuentes se aprovechan del desorden en la telefonía celular. El 10 de abril vence el plazo para registrarse en el Renaut y sólo lo ha hecho la mitad. Las telefónicas ya pidieron que se amplíe un año el registro obligatorio; los legisladores responsabilizaron al Ejecutivo que respondió acusándolos de hacer mal las leyes. Una conversación típica de Muchilanga, Burundanga y Bernabé.
Conclusión con solución. Ni a los monopolios u oligopolios ni al Legislativo ni al gobierno federal ni a los organismos reguladores les importan un carajo nuestros ingresos o seguridad. Ellos sólo quieren que paguemos, votemos y callemos.
Si tuviéramos "acciones colectivas", podríamos enfrentar los abusos de las empresas y las ineficacias oficiales. La Cámara de Diputados tiene la ley en sala de espera; un acicate sería que el Distrito Federal se pusiera a la vanguardia y la Asamblea Legislativa nos regalara una legislación que permita las "acciones colectivas" en la capital. Sería igualmente deseable que el Legislativo federal no extienda el plazo del 10 de abril establecido en el Renaut. En lugar de eso que obliguen a empresarios y al Ejecutivo a reparar las deficiencias de ese mecanismo que frenaría un poco la epidemia de extorsiones telefónicas.
Son ineptos y no van a renunciar. Que al menos nos entreguen instrumentos legales para defendernos. La voluntad existe.
La miscelánea
En 2008 Calderón nombró a Tarcisio Rodríguez Martínez, panista jalisciense, director de Caminos y Puentes Federales (Capufe). De caminos sabía poco porque es ingeniero en electrónica. Leyendo su currículum uno pensaría que sabría de puentes porque desde 1991 anda brincando entre el Congreso local y el federal y esos organismos sí saben prolongar los días de asueto. Esperanza inútil. El viernes 12 inició un puente vacacional y a Capufe se le ocurrió reencapertar ese día dos de tres carriles de la autopista a Cuernavaca. Al mediodía el embotellamiento era infernal. En el pasado Arturo Durazo cerraba el Periférico para visitar amantes; ahora bloquean vías rápidas por la incompetencia de otro "cuate" de Calderón. El modelo es panista bien pagado, ciudadano vapuleado.
Comentarios: www.sergioaguayo.org. Ahí se encuentran los cuadros con la relación de los ocho mexicanos en Forbes (2010) y la encuesta sobre extorsiones telefónicas. Colaboró: Laura Ruiz Castro.
martes, 16 de marzo de 2010
Impunidad VIP
Juan E. Pardinas / Reforma
14 Mar. 10
Alguna vez le preguntaron a María Félix para qué quería tanto dinero, a lo que La Doña respondió: "Enamórese o enférmese y sabrá para qué sirve el dinero". En nuestro país, una saludable chequera tiene usos más diversos que los citados por el ícono de la cinematografía nacional. La mayor demostración de ostentación que el dinero puede comprar no es un reloj de oro, un automóvil deportivo o ropa de diseñador. Nuestro mayor símbolo de estatus es la impunidad. El mayor privilegio aristocrático en México es vivir por encima de la ley, sin enfrentar ninguna consecuencia.
Gracias a la impunidad, un individuo VIP (Very Important Person) es un legislador de sus normas particulares y juez de sus propios actos. Como sostiene Guillermo Sheridan, qué podemos esperar del Estado de derecho en un país donde la estrofa más famosa, del corrido más cantado, cierra con: "Y mi palabra es la ley".
Hace un año, el joven José Luis Romo Trujano quiso evadir el alcoholímetro en la Avenida Insurgentes del Distrito Federal. El conductor embriagado intentó huir. En su escape arrastró en el cofre por más de un kilómetro al policía Luis Fernando Corona. El oficial murió prensado contra una estatua. Su viuda y sus dos hijos recibieron 85 mil pesos como reparación del daño. El joven alcoholizado recuperó su libertad 11 meses después, gracias a los buenos oficios del despacho Requena Abogados. Eso es impunidad VIP. El año pasado, en Inglaterra, la adolescente Charlotte Blackburn, murió por el descuido criminal de un automovilista con demasiadas cervezas en el torrente sanguíneo. La sentencia del juez británico, emitida en enero de este año, fue criticada por suave e indulgente: el conductor ebrio "sólo" recibió ocho años de cárcel.
¿El jefe de Gobierno, Marcelo Ebrard, se indignó públicamente por la absolución del borracho que mató al oficial Corona? ¿El secretario de Seguridad Pública, Manuel Mondragón, presentó un recurso de impugnación contra la liberación del homicida de su subordinado? No pasó absolutamente nada. Sin embargo, la impunidad tiene un poderoso efecto de demostración. A principios de febrero, una conductora borracha que intentó evadir el alcoholímetro atropelló a dos mujeres policías en la colonia Morelos. En este caso ambas uniformadas sobrevivieron.
La impunidad es como una navaja suiza que tiene utilidades múltiples. Si eres dueño de un antro, puedes decidir cuáles clientes pueden pasar armados con pistola y cuáles no. Si eres constructor de edificios, tú decides cuántos pisos debe tener el inmueble que vas a construir en Cuajimalpa. Si andas en coche y traes prisa, puedes escoger si estacionas tu coche en doble o triple fila. Tu ley es la única que cuenta. El reglamento de construcción y las normas de tránsito sirven para lo mismo que el papel higiénico.
Dentro de las castas impunes la máxima jerarquía social pertenece a los gremios o personajes que no sólo viven por encima de la ley, sino que también tratan a la autoridad como un perro amaestrado. En la jerga técnica, esta obediencia del poder público a un interés particular se le define como captura del Estado. Alguna oficina del Ejecutivo, una bancada del Legislativo o un tribunal judicial hacen piruetas, brincan por el aro y caminan en dos patas, según lo ordene su respectivo patrón.
El discurso del gobierno para justificar la guerra contra el narcotráfico es que el Estado mexicano tiene la obligación de recuperar los territorios controlados por la mafia. Desgraciadamente, el crimen organizado es sólo uno de los frentes donde el poder público le ha cedido espacio a intereses particulares. El mayor desafío del Estado mexicano es construir un país donde el dinero sólo sirva para adquirir bienes materiales y no facultades extralegales. Un México donde la aplicación de la ley no esté a la venta.
14 Mar. 10
Alguna vez le preguntaron a María Félix para qué quería tanto dinero, a lo que La Doña respondió: "Enamórese o enférmese y sabrá para qué sirve el dinero". En nuestro país, una saludable chequera tiene usos más diversos que los citados por el ícono de la cinematografía nacional. La mayor demostración de ostentación que el dinero puede comprar no es un reloj de oro, un automóvil deportivo o ropa de diseñador. Nuestro mayor símbolo de estatus es la impunidad. El mayor privilegio aristocrático en México es vivir por encima de la ley, sin enfrentar ninguna consecuencia.
Gracias a la impunidad, un individuo VIP (Very Important Person) es un legislador de sus normas particulares y juez de sus propios actos. Como sostiene Guillermo Sheridan, qué podemos esperar del Estado de derecho en un país donde la estrofa más famosa, del corrido más cantado, cierra con: "Y mi palabra es la ley".
Hace un año, el joven José Luis Romo Trujano quiso evadir el alcoholímetro en la Avenida Insurgentes del Distrito Federal. El conductor embriagado intentó huir. En su escape arrastró en el cofre por más de un kilómetro al policía Luis Fernando Corona. El oficial murió prensado contra una estatua. Su viuda y sus dos hijos recibieron 85 mil pesos como reparación del daño. El joven alcoholizado recuperó su libertad 11 meses después, gracias a los buenos oficios del despacho Requena Abogados. Eso es impunidad VIP. El año pasado, en Inglaterra, la adolescente Charlotte Blackburn, murió por el descuido criminal de un automovilista con demasiadas cervezas en el torrente sanguíneo. La sentencia del juez británico, emitida en enero de este año, fue criticada por suave e indulgente: el conductor ebrio "sólo" recibió ocho años de cárcel.
¿El jefe de Gobierno, Marcelo Ebrard, se indignó públicamente por la absolución del borracho que mató al oficial Corona? ¿El secretario de Seguridad Pública, Manuel Mondragón, presentó un recurso de impugnación contra la liberación del homicida de su subordinado? No pasó absolutamente nada. Sin embargo, la impunidad tiene un poderoso efecto de demostración. A principios de febrero, una conductora borracha que intentó evadir el alcoholímetro atropelló a dos mujeres policías en la colonia Morelos. En este caso ambas uniformadas sobrevivieron.
La impunidad es como una navaja suiza que tiene utilidades múltiples. Si eres dueño de un antro, puedes decidir cuáles clientes pueden pasar armados con pistola y cuáles no. Si eres constructor de edificios, tú decides cuántos pisos debe tener el inmueble que vas a construir en Cuajimalpa. Si andas en coche y traes prisa, puedes escoger si estacionas tu coche en doble o triple fila. Tu ley es la única que cuenta. El reglamento de construcción y las normas de tránsito sirven para lo mismo que el papel higiénico.
Dentro de las castas impunes la máxima jerarquía social pertenece a los gremios o personajes que no sólo viven por encima de la ley, sino que también tratan a la autoridad como un perro amaestrado. En la jerga técnica, esta obediencia del poder público a un interés particular se le define como captura del Estado. Alguna oficina del Ejecutivo, una bancada del Legislativo o un tribunal judicial hacen piruetas, brincan por el aro y caminan en dos patas, según lo ordene su respectivo patrón.
El discurso del gobierno para justificar la guerra contra el narcotráfico es que el Estado mexicano tiene la obligación de recuperar los territorios controlados por la mafia. Desgraciadamente, el crimen organizado es sólo uno de los frentes donde el poder público le ha cedido espacio a intereses particulares. El mayor desafío del Estado mexicano es construir un país donde el dinero sólo sirva para adquirir bienes materiales y no facultades extralegales. Un México donde la aplicación de la ley no esté a la venta.
Registro de celulares
Por Miguel Ángel Granados Chapa /Reforma
16 Mar. 10
Surgido como medida coyuntural ante la indignación social causada por varios secuestros relevantes, es de temerse que el registro de teléfonos móviles sirva exactamente al propósito contrario al que promovió su establecimiento. En el clima que llevó a firmar el 21 de agosto de 2008 el Acuerdo nacional por la seguridad, la justicia y la legalidad, se presentó poco después al Congreso la iniciativa para reformar la Ley federal de telecomunicaciones con el fin, explícito en el apartado D) del artículo 16, de contribuir al combate "de los delitos de extorsión, amenazas, el secuestro en cualquiera de sus modalidades o algún delito grave o relacionado con la delincuencia organizada".
La reforma fue aprobada en diciembre por el Congreso y promulgada por el Ejecutivo el 9 de febrero siguiente. Se estipuló que entraría en vigor 60 días más tarde y a partir de ese momento los usuarios y las empresas telefónicas dispondrían de un año para registrar los dichos aparatos de comunicación. El plazo vence el próximo 10 de abril. Dada la importancia del problema delictivo al que se refiere la reforma, y ante la urgencia de ofrecer a la porción de la sociedad más alterada por la inseguridad una respuesta, nadie quiso aguar la módica fiesta que significaba crear un registro nacional que abre más riesgos que ofrecer soluciones. Nadie objetó, por ejemplo, la impropiedad jurídica de que se introdujera un asunto de seguridad pública en la ley de telecomunicaciones que tiene el propósito de "regular, promover y supervisar el desarrollo eficiente y la cobertura social amplia de las telecomunicaciones y la radiodifusión". Las empresas telefónicas, que acuden a los tribunales a menudo, en defensa de sus intereses, se abstuvieron de solicitar amparo ante esta disposición, que les impone cargas por encima de las expresadas en su título de concesión.
En diciembre, sin embargo, solicitaron la prórroga del plazo estipulado, porque ni entonces ni ahora, casi al cabo del término establecido, ha habido acatamiento a la ley por cerca de la mitad de los usuarios, que no han registrado sus teléfonos. No sólo ellos, sin embargo, han sido omisos. Los son también el Ejecutivo y la Cofetel, obligado a emitir un reglamento que debió estar listo hacia junio pasado. En mayo la Cofetel publicó las disposiciones administrativas del caso, documento distinto del reglamento, cuyo proyecto debió presentar a la Presidencia para su aprobación, nada de lo cual ocurrió. En julio la Comisión permanente instó a la emisión de ese reglamento, sin éxito. Por añadidura, las disposiciones administrativas atribuyen el manejo del registro al Consejo nacional de población, de la Secretaría de Gobernación, a la que la ley no se refiere en modo alguno.
El reglamento, dice la ley reformada "establecerá los procedimientos, mecanismos y medidas de seguridad que los concesionarios deberán adoptar para identificar al personal facultado para acceder a la información, así como las medidas técnicas y organizativas que impidan su manipulación o uso para fines distintos a los legalmente autorizados, su destrucción accidental o ilícita o su pérdida accidental, así como su almacenamiento, tratamiento, divulgación o acceso no autorizado".
Ése es un asunto crucial. Si no hay reglamento, no puede haber confianza. El Grupo Reforma realizó el 11 de marzo una encuesta nacional telefónica entre quienes no han registrado su celular, y encontró que el mayor porcentaje de quienes están en ese caso ha sido movido por la desconfianza. Yo no fui interrogado pero figuraría en esa porción de los usuarios morosos y desconfiados. Me preocupa que el mal uso, doloso o culposo, de esa información sirva al propósito contrario al que llevó a establecer el registro, y que delincuentes tengan a su alcance el más completo directorio de usuarios a los cuales agredir.
El Grupo Reforma no sólo realizó la encuesta. Hizo comprar cinco celulares en el DF y Guadalajara. Supongo que de modo inocente y no sarcásticamente, los adquirió a nombre de Genaro García Luna, el secretario federal de Seguridad Pública. Sin cumplir los requisitos establecidos por la ley los aparatos fueron registrados a pesar que no los compró la persona cuyo nombre fue citado. De no ser porque se les desactivó una vez concluido el experimento periodístico, esos aparatos hubieran podido servir para llamadas de cualquier índole atribuibles a García Luna. Lo mismo pude ocurrir con aparatos robados no reportados inmediatamente.
Se sabe que muchas extorsiones se originan en llamados telefónicos hechos en centros de reclusión. El rigor adecuado en la vigilancia debería impedir que haya teléfonos móviles en las cárceles. Pero como la lenidad y la ineptitud hacen imposible esa meta, se pretende que las deficiencias de la autoridad seas cubiertas por las empresas y los usuarios, que corren el peligro de no contar con servicio a partir del 10 de abril. Simultáneamente con ese perjuicio, continuará la práctica de los delitos que se busca contener, pues los teléfonos públicos quedan al margen de esa vigilancia.
La base de datos del registro puede ser transmitida legalmente a los procuradores de justicia, el de la República y los de los estados. El mal uso de la información en sus oficinas, o en otras cualesquiera, es un riesgo para los ciudadanos. De nada vale que se diga que los concesionarios deben "mantener la reserva y protección" a tales bases, las cuales no serán usadas ilegalmente. ¿Quién lo garantiza?
Cajón de Sastre
Aunque ya un ataque al consulado de Estados Unidos en Monterrey había introducido el factor internacional en una materia que llama a la toma de posición de la embajada norteamericana aun en casos en que no había ciudadanos o intereses norteamericanos de por medio (declaración de Antonio O. Garza sobre Nuevo Laredo, por ejemplo), el asesinato de personas vinculadas a la oficina consular en Ciudad Juárez, y la reacción del presidente Obama lleva el asunto a un nivel nunca alcanzado y que propiciará la intervención más directa y abierta de agencias estadounidenses en indagaciones sobre delincuencia organizada, presencia deseada por muchos y execrada por no menor número de personas. Hemos de preguntarnos si de eso se trata y a partir de allí interrogarnos sobre cuál poder y en dónde estaría interesado en tal intervención.
miguelangel@granadoschapa.com
16 Mar. 10
Surgido como medida coyuntural ante la indignación social causada por varios secuestros relevantes, es de temerse que el registro de teléfonos móviles sirva exactamente al propósito contrario al que promovió su establecimiento. En el clima que llevó a firmar el 21 de agosto de 2008 el Acuerdo nacional por la seguridad, la justicia y la legalidad, se presentó poco después al Congreso la iniciativa para reformar la Ley federal de telecomunicaciones con el fin, explícito en el apartado D) del artículo 16, de contribuir al combate "de los delitos de extorsión, amenazas, el secuestro en cualquiera de sus modalidades o algún delito grave o relacionado con la delincuencia organizada".
La reforma fue aprobada en diciembre por el Congreso y promulgada por el Ejecutivo el 9 de febrero siguiente. Se estipuló que entraría en vigor 60 días más tarde y a partir de ese momento los usuarios y las empresas telefónicas dispondrían de un año para registrar los dichos aparatos de comunicación. El plazo vence el próximo 10 de abril. Dada la importancia del problema delictivo al que se refiere la reforma, y ante la urgencia de ofrecer a la porción de la sociedad más alterada por la inseguridad una respuesta, nadie quiso aguar la módica fiesta que significaba crear un registro nacional que abre más riesgos que ofrecer soluciones. Nadie objetó, por ejemplo, la impropiedad jurídica de que se introdujera un asunto de seguridad pública en la ley de telecomunicaciones que tiene el propósito de "regular, promover y supervisar el desarrollo eficiente y la cobertura social amplia de las telecomunicaciones y la radiodifusión". Las empresas telefónicas, que acuden a los tribunales a menudo, en defensa de sus intereses, se abstuvieron de solicitar amparo ante esta disposición, que les impone cargas por encima de las expresadas en su título de concesión.
En diciembre, sin embargo, solicitaron la prórroga del plazo estipulado, porque ni entonces ni ahora, casi al cabo del término establecido, ha habido acatamiento a la ley por cerca de la mitad de los usuarios, que no han registrado sus teléfonos. No sólo ellos, sin embargo, han sido omisos. Los son también el Ejecutivo y la Cofetel, obligado a emitir un reglamento que debió estar listo hacia junio pasado. En mayo la Cofetel publicó las disposiciones administrativas del caso, documento distinto del reglamento, cuyo proyecto debió presentar a la Presidencia para su aprobación, nada de lo cual ocurrió. En julio la Comisión permanente instó a la emisión de ese reglamento, sin éxito. Por añadidura, las disposiciones administrativas atribuyen el manejo del registro al Consejo nacional de población, de la Secretaría de Gobernación, a la que la ley no se refiere en modo alguno.
El reglamento, dice la ley reformada "establecerá los procedimientos, mecanismos y medidas de seguridad que los concesionarios deberán adoptar para identificar al personal facultado para acceder a la información, así como las medidas técnicas y organizativas que impidan su manipulación o uso para fines distintos a los legalmente autorizados, su destrucción accidental o ilícita o su pérdida accidental, así como su almacenamiento, tratamiento, divulgación o acceso no autorizado".
Ése es un asunto crucial. Si no hay reglamento, no puede haber confianza. El Grupo Reforma realizó el 11 de marzo una encuesta nacional telefónica entre quienes no han registrado su celular, y encontró que el mayor porcentaje de quienes están en ese caso ha sido movido por la desconfianza. Yo no fui interrogado pero figuraría en esa porción de los usuarios morosos y desconfiados. Me preocupa que el mal uso, doloso o culposo, de esa información sirva al propósito contrario al que llevó a establecer el registro, y que delincuentes tengan a su alcance el más completo directorio de usuarios a los cuales agredir.
El Grupo Reforma no sólo realizó la encuesta. Hizo comprar cinco celulares en el DF y Guadalajara. Supongo que de modo inocente y no sarcásticamente, los adquirió a nombre de Genaro García Luna, el secretario federal de Seguridad Pública. Sin cumplir los requisitos establecidos por la ley los aparatos fueron registrados a pesar que no los compró la persona cuyo nombre fue citado. De no ser porque se les desactivó una vez concluido el experimento periodístico, esos aparatos hubieran podido servir para llamadas de cualquier índole atribuibles a García Luna. Lo mismo pude ocurrir con aparatos robados no reportados inmediatamente.
Se sabe que muchas extorsiones se originan en llamados telefónicos hechos en centros de reclusión. El rigor adecuado en la vigilancia debería impedir que haya teléfonos móviles en las cárceles. Pero como la lenidad y la ineptitud hacen imposible esa meta, se pretende que las deficiencias de la autoridad seas cubiertas por las empresas y los usuarios, que corren el peligro de no contar con servicio a partir del 10 de abril. Simultáneamente con ese perjuicio, continuará la práctica de los delitos que se busca contener, pues los teléfonos públicos quedan al margen de esa vigilancia.
La base de datos del registro puede ser transmitida legalmente a los procuradores de justicia, el de la República y los de los estados. El mal uso de la información en sus oficinas, o en otras cualesquiera, es un riesgo para los ciudadanos. De nada vale que se diga que los concesionarios deben "mantener la reserva y protección" a tales bases, las cuales no serán usadas ilegalmente. ¿Quién lo garantiza?
Cajón de Sastre
Aunque ya un ataque al consulado de Estados Unidos en Monterrey había introducido el factor internacional en una materia que llama a la toma de posición de la embajada norteamericana aun en casos en que no había ciudadanos o intereses norteamericanos de por medio (declaración de Antonio O. Garza sobre Nuevo Laredo, por ejemplo), el asesinato de personas vinculadas a la oficina consular en Ciudad Juárez, y la reacción del presidente Obama lleva el asunto a un nivel nunca alcanzado y que propiciará la intervención más directa y abierta de agencias estadounidenses en indagaciones sobre delincuencia organizada, presencia deseada por muchos y execrada por no menor número de personas. Hemos de preguntarnos si de eso se trata y a partir de allí interrogarnos sobre cuál poder y en dónde estaría interesado en tal intervención.
miguelangel@granadoschapa.com
lunes, 15 de marzo de 2010
Renautocracia
Por Sergio Sarmiento / Reforma
"Es un efecto inevitable que a los burócratas les importará más la rutina que los resultados".
Walter Bagehot
ENSENADA, B.C.- El Registro Nacional de Usuarios de Telefonía Móvil, el Renaut, es uno más de esos programas típicos que diseñan los burócratas y los políticos. No tiene posibilidades de cumplir con su supuesto objetivo, que es dar más seguridad a los mexicanos, pero sí genera gastos, molestias y pérdida de tiempo a la sociedad.
El Renaut parte de un diagnóstico equivocado: que para eliminar los secuestros o las extorsiones lo que se necesita es tener un registro con nombre y dirección de los 83 millones de teléfonos celulares que existen en el país.
La falta de inteligencia de los políticos y burócratas que pensaron en este sistema es realmente notable. ¿Quién va a suponer que un secuestrador o extorsionador utilizará un teléfono registrado a su nombre para cometer un delito? Pero, además, ¿quién piensa que esto impedirá que los criminales logren tener acceso a estos dispositivos y los utilicen para sus propósitos?
La ley establece que las armas de fuego en nuestro país deben estar registradas y aprobadas por la Secretaría de la Defensa Nacional. Señala, además, que algunas de alto poder sólo podrán ser utilizadas por el Ejército, ¿Ha impedido esto que los criminales obtengan armas de todo tipo, incluso las consideradas de uso exclusivo para las Fuerzas Armadas? Por supuesto que no. Basta ver el número de ejecuciones este fin de semana para entender que el registro burocrático no es una defensa adecuada contra el crimen.
Hay muchas formas de darle la vuelta a la supuesta seguridad que persigue el Renaut. Una de ellas es simplemente hacer registros falsos de los teléfonos, cosa relativamente fácil, como lo ha señalado una investigación del periódico Reforma. Pero otra mucho más sencilla es robar celulares conforme se vayan necesitando. ¿O piensa usted que una banda de delincuentes que secuestra y extorsiona no se atreverá a robarle el celular a un transeúnte para hacer una llamada telefónica de tres minutos?
Lo único que logrará el nuevo sistema es convertir en presuntos delincuentes a las personas que sufran el robo de sus teléfonos celulares. La autoridad ya tendrá a quién meter en la cárcel sin correr el riesgo de enfrentarse a criminales armados. El pobre ciudadano inocente cuyo teléfono sea robado y utilizado para estos propósitos se convertirá en el chivo expiatorio que necesita la policía. Los ya de por sí saturados ministerios públicos harán perder a las víctimas horas enteras para reportar el robo de un celular ante el temor de que se les considere cómplices de delitos. Los secuestradores, por supuesto, no tendrán problemas.
El próximo 10 de abril vence el plazo establecido por el Renaut para el registro de los celulares en el país. Sabemos que aún faltan por darse de alta unos 45 millones de teléfonos. Es muy probable que haya una gran avalancha de registros en las últimas semanas. Así somos los mexicanos: dejamos las cosas para el último minuto. Pero el proceso de registro es complicado y al final es probable que millones de teléfonos sean desconectados dejando sin servicio a muchas personas, especialmente quienes tienen menor nivel económico y educativo y no han entendido las reglas para el registro.
Los políticos y los burócratas que diseñaron el sistema habrán logrado castigar a todos los usuarios de la telefonía por los pecados de unos cuantos criminales, pero también por la incapacidad de las autoridades para llevar a cabo una adecuada labor de policía.
Siavecracia
Antes el cruce de la frontera de Estados Unidos a México se hacía en unos minutos. Gracias a un nuevo sistema de revisión del gobierno mexicano, el Siave, este cruce puede llevarse varias horas. El resultado ha sido el desplome del número de personas que cruzan para consumir o vacacionar en México, sin disminuir la importación de armas a nuestro país. Otro triunfo más de los burócratas empeñados en empobrecer a los mexicanos.
www.sergiosarmiento.com
"Es un efecto inevitable que a los burócratas les importará más la rutina que los resultados".
Walter Bagehot
ENSENADA, B.C.- El Registro Nacional de Usuarios de Telefonía Móvil, el Renaut, es uno más de esos programas típicos que diseñan los burócratas y los políticos. No tiene posibilidades de cumplir con su supuesto objetivo, que es dar más seguridad a los mexicanos, pero sí genera gastos, molestias y pérdida de tiempo a la sociedad.
El Renaut parte de un diagnóstico equivocado: que para eliminar los secuestros o las extorsiones lo que se necesita es tener un registro con nombre y dirección de los 83 millones de teléfonos celulares que existen en el país.
La falta de inteligencia de los políticos y burócratas que pensaron en este sistema es realmente notable. ¿Quién va a suponer que un secuestrador o extorsionador utilizará un teléfono registrado a su nombre para cometer un delito? Pero, además, ¿quién piensa que esto impedirá que los criminales logren tener acceso a estos dispositivos y los utilicen para sus propósitos?
La ley establece que las armas de fuego en nuestro país deben estar registradas y aprobadas por la Secretaría de la Defensa Nacional. Señala, además, que algunas de alto poder sólo podrán ser utilizadas por el Ejército, ¿Ha impedido esto que los criminales obtengan armas de todo tipo, incluso las consideradas de uso exclusivo para las Fuerzas Armadas? Por supuesto que no. Basta ver el número de ejecuciones este fin de semana para entender que el registro burocrático no es una defensa adecuada contra el crimen.
Hay muchas formas de darle la vuelta a la supuesta seguridad que persigue el Renaut. Una de ellas es simplemente hacer registros falsos de los teléfonos, cosa relativamente fácil, como lo ha señalado una investigación del periódico Reforma. Pero otra mucho más sencilla es robar celulares conforme se vayan necesitando. ¿O piensa usted que una banda de delincuentes que secuestra y extorsiona no se atreverá a robarle el celular a un transeúnte para hacer una llamada telefónica de tres minutos?
Lo único que logrará el nuevo sistema es convertir en presuntos delincuentes a las personas que sufran el robo de sus teléfonos celulares. La autoridad ya tendrá a quién meter en la cárcel sin correr el riesgo de enfrentarse a criminales armados. El pobre ciudadano inocente cuyo teléfono sea robado y utilizado para estos propósitos se convertirá en el chivo expiatorio que necesita la policía. Los ya de por sí saturados ministerios públicos harán perder a las víctimas horas enteras para reportar el robo de un celular ante el temor de que se les considere cómplices de delitos. Los secuestradores, por supuesto, no tendrán problemas.
El próximo 10 de abril vence el plazo establecido por el Renaut para el registro de los celulares en el país. Sabemos que aún faltan por darse de alta unos 45 millones de teléfonos. Es muy probable que haya una gran avalancha de registros en las últimas semanas. Así somos los mexicanos: dejamos las cosas para el último minuto. Pero el proceso de registro es complicado y al final es probable que millones de teléfonos sean desconectados dejando sin servicio a muchas personas, especialmente quienes tienen menor nivel económico y educativo y no han entendido las reglas para el registro.
Los políticos y los burócratas que diseñaron el sistema habrán logrado castigar a todos los usuarios de la telefonía por los pecados de unos cuantos criminales, pero también por la incapacidad de las autoridades para llevar a cabo una adecuada labor de policía.
Siavecracia
Antes el cruce de la frontera de Estados Unidos a México se hacía en unos minutos. Gracias a un nuevo sistema de revisión del gobierno mexicano, el Siave, este cruce puede llevarse varias horas. El resultado ha sido el desplome del número de personas que cruzan para consumir o vacacionar en México, sin disminuir la importación de armas a nuestro país. Otro triunfo más de los burócratas empeñados en empobrecer a los mexicanos.
www.sergiosarmiento.com
jueves, 11 de marzo de 2010
¿Quién es Don Vicente Nario?
Aqui la respuesta:
http://www.facebook.com/video/video.php?v=362996443570
http://www.facebook.com/video/video.php?v=362996443570
miércoles, 10 de marzo de 2010
¿Mr. Monopoly?
Por Sergio Sarmiento / Reforma Agosto 9, 2007
"El dinero es como un brazo o una pierna. O se usa o se pierde".
Henry Ford
Ahora que Carlos Slim ha sido declarado "oficialmente" el hombre más rico del mundo, han surgido nuevamente las ya tan usuales críticas en contra de él y sus empresas. Particularmente negativo ha sido un artículo de primera plana del Wall Street Journal, el más importante diario financiero estadounidense, que atribuye la fortuna de Slim a sus supuestos monopolios. De hecho, el artículo designa al empresario mexicano como "Mr. Monopoly".
Pero, ¿realmente podemos atribuir la fortuna de Slim a actividades monopólicas? La información disponible simplemente no avala esta afirmación.
Quizá la empresa de Slim a la que más se puede acusar de ser o haber sido un monopolio es Teléfonos de México. Esta compañía tuvo un monopolio real cuando fue propiedad del gobierno, que curiosamente nadie cuestionaba. Al privatizarse en 1990, el gobierno le garantizó seis años más de monopolio, aunque sólo en el mercado de larga distancia.
A cambio de este monopolio, Telmex tuvo que aceptar varios y onerosos compromisos, entre ellos, el de invertir 10 mil millones de dólares en los siguientes seis años para reemplazar cables y equipo. Además se le requirió ofrecer telefonía en comunidades rurales aisladas, en un servicio que no podía ser rentable.
¿Compensaban las ventajas del monopolio el costo de estas condiciones? Es difícil saberlo. Lo lógico habría sido eliminar el monopolio desde el primer momento, pero el gobierno en aquella época consideró que era importante obligar a Telmex a hacer las inversiones en modernización de infraestructura y en el servicio a comunidades rurales. Y sin duda los usuarios de la telefonía rural pueden agradecer esa decisión.
Desde 1997 Telmex no ha tenido un monopolio formal. Con la apertura entraron al mercado de larga distancia un gran número de empresas, entre ellas algunas extranjeras y muy poderosas, como AT&T y MCI. Una sola llamada bastaba ya para cambiar de proveedor. O incluso menos. A muchos clientes se les mudó a otras empresas sin su consentimiento. En un principio Telmex perdió terreno en el mercado, pero luego lo recuperó a fuerza de ofrecer servicios más competitivos.
Hoy en día Telmex es una empresa dominante en telefonía fija, pero dista de ser un monopolio. El artículo del Wall Street Journal dice que tiene el 92 por ciento del mercado; la cifra real, sin embargo, es más bien cercana al 60 por ciento, por lo menos en términos de volumen de negocios. Los clientes, sin embargo, pueden contratar sin problemas con otras empresas.
Si en telefonía fija puede pensarse que hay alguna razón para argumentar que Telmex tiene un monopolio, el asunto es muy distinto en telefonía celular. Iusacell, originalmente de Alejo Peralta, fue la empresa a la que primero se le dio la concesión de telefonía móvil en México. Durante años, de hecho, gozó de un verdadero monopolio. Después fue vendida a Vodafone de la Gran Bretaña y Verizon de Estados Unidos. Iusacell y Telcel tenían entonces una participación de mercado similar: de alrededor de 1 millón de suscriptores cada una. Telcel despegó porque empezó a aplicar un sistema de prepago, que los directivos de Iusacell vieron con desprecio porque no existía en sus países de origen. Hoy Telcel, con más de 40 millones de usuarios y con un valor superior a Telmex, tiene un 70 por ciento del mercado, pero no porque goce de un monopolio sino porque hizo gala de una capacidad de innovación que sus rivales no entendieron sino hasta mucho después.
En cuanto a las demás empresas de Slim, es difícil afirmar que gocen de monopolios. Ni Sanborns ni Sears, ni Condumex ni Cigatam, ni Inbursa ni Ideal, ni Hoteles Calinda ni las telefónicas latinoamericanas... en efecto, ninguna de las otras casi 200 empresas que forman parte del imperio de Slim tienen monopolios.
Carlos Slim ha mostrado una enorme capacidad para encontrar empresas de pobre desempeño, comprarlas a precios de ganga y darles la vuelta. Esto lo hizo con firmas que él ha manejado directamente, como Sanborns. Cada crisis financiera ha sido tiempo de compra para él.
También ha sabido encontrar oportunidades en inversiones puramente financieras o en las que ha sido un socio pasivo. Sus compras y posteriores ventas de acciones de Apple y Televisa son un ejemplo. En el caso de MCI, Slim adquirió acciones de esta empresa estadounidense -competidora de Telmex- cuando un escándalo contable hizo que el precio se desplomara. Pero Slim vio en MCI un valor intrínseco muy superior a su cotización en Bolsa. Cuando finalmente vendió, la operación le resultó enormemente redituable.
Slim no es un candidato a la canonización. Se trata de un empresario durísimo que no se tienta el corazón al competir con sus rivales. Pero de ahí a decir que es Mr. Monopoly, un empresario que le debe su fortuna a una serie de monopolios protegidos por el gobierno, hay una distancia enorme. En este sentido el artículo del Wall Street Journal es simplemente falso.
Turismo europeo
La razón por la cual no hay más turismo europeo en nuestro país, me dice un conocedor, es simplemente porque no hay más vuelos. Las rutas entre México y los países de Europa tienen un nivel de ocupación cercano al 90 por ciento. Sólo abrir vuelos directos entre México e Italia nos traería miles de turistas adicionales cada semana. En este mercado saturado hay una oportunidad de negocios para quien quiera invertir en vuelos nuevos, lo cual beneficiaría al sector turístico de nuestro país.
"El dinero es como un brazo o una pierna. O se usa o se pierde".
Henry Ford
Ahora que Carlos Slim ha sido declarado "oficialmente" el hombre más rico del mundo, han surgido nuevamente las ya tan usuales críticas en contra de él y sus empresas. Particularmente negativo ha sido un artículo de primera plana del Wall Street Journal, el más importante diario financiero estadounidense, que atribuye la fortuna de Slim a sus supuestos monopolios. De hecho, el artículo designa al empresario mexicano como "Mr. Monopoly".
Pero, ¿realmente podemos atribuir la fortuna de Slim a actividades monopólicas? La información disponible simplemente no avala esta afirmación.
Quizá la empresa de Slim a la que más se puede acusar de ser o haber sido un monopolio es Teléfonos de México. Esta compañía tuvo un monopolio real cuando fue propiedad del gobierno, que curiosamente nadie cuestionaba. Al privatizarse en 1990, el gobierno le garantizó seis años más de monopolio, aunque sólo en el mercado de larga distancia.
A cambio de este monopolio, Telmex tuvo que aceptar varios y onerosos compromisos, entre ellos, el de invertir 10 mil millones de dólares en los siguientes seis años para reemplazar cables y equipo. Además se le requirió ofrecer telefonía en comunidades rurales aisladas, en un servicio que no podía ser rentable.
¿Compensaban las ventajas del monopolio el costo de estas condiciones? Es difícil saberlo. Lo lógico habría sido eliminar el monopolio desde el primer momento, pero el gobierno en aquella época consideró que era importante obligar a Telmex a hacer las inversiones en modernización de infraestructura y en el servicio a comunidades rurales. Y sin duda los usuarios de la telefonía rural pueden agradecer esa decisión.
Desde 1997 Telmex no ha tenido un monopolio formal. Con la apertura entraron al mercado de larga distancia un gran número de empresas, entre ellas algunas extranjeras y muy poderosas, como AT&T y MCI. Una sola llamada bastaba ya para cambiar de proveedor. O incluso menos. A muchos clientes se les mudó a otras empresas sin su consentimiento. En un principio Telmex perdió terreno en el mercado, pero luego lo recuperó a fuerza de ofrecer servicios más competitivos.
Hoy en día Telmex es una empresa dominante en telefonía fija, pero dista de ser un monopolio. El artículo del Wall Street Journal dice que tiene el 92 por ciento del mercado; la cifra real, sin embargo, es más bien cercana al 60 por ciento, por lo menos en términos de volumen de negocios. Los clientes, sin embargo, pueden contratar sin problemas con otras empresas.
Si en telefonía fija puede pensarse que hay alguna razón para argumentar que Telmex tiene un monopolio, el asunto es muy distinto en telefonía celular. Iusacell, originalmente de Alejo Peralta, fue la empresa a la que primero se le dio la concesión de telefonía móvil en México. Durante años, de hecho, gozó de un verdadero monopolio. Después fue vendida a Vodafone de la Gran Bretaña y Verizon de Estados Unidos. Iusacell y Telcel tenían entonces una participación de mercado similar: de alrededor de 1 millón de suscriptores cada una. Telcel despegó porque empezó a aplicar un sistema de prepago, que los directivos de Iusacell vieron con desprecio porque no existía en sus países de origen. Hoy Telcel, con más de 40 millones de usuarios y con un valor superior a Telmex, tiene un 70 por ciento del mercado, pero no porque goce de un monopolio sino porque hizo gala de una capacidad de innovación que sus rivales no entendieron sino hasta mucho después.
En cuanto a las demás empresas de Slim, es difícil afirmar que gocen de monopolios. Ni Sanborns ni Sears, ni Condumex ni Cigatam, ni Inbursa ni Ideal, ni Hoteles Calinda ni las telefónicas latinoamericanas... en efecto, ninguna de las otras casi 200 empresas que forman parte del imperio de Slim tienen monopolios.
Carlos Slim ha mostrado una enorme capacidad para encontrar empresas de pobre desempeño, comprarlas a precios de ganga y darles la vuelta. Esto lo hizo con firmas que él ha manejado directamente, como Sanborns. Cada crisis financiera ha sido tiempo de compra para él.
También ha sabido encontrar oportunidades en inversiones puramente financieras o en las que ha sido un socio pasivo. Sus compras y posteriores ventas de acciones de Apple y Televisa son un ejemplo. En el caso de MCI, Slim adquirió acciones de esta empresa estadounidense -competidora de Telmex- cuando un escándalo contable hizo que el precio se desplomara. Pero Slim vio en MCI un valor intrínseco muy superior a su cotización en Bolsa. Cuando finalmente vendió, la operación le resultó enormemente redituable.
Slim no es un candidato a la canonización. Se trata de un empresario durísimo que no se tienta el corazón al competir con sus rivales. Pero de ahí a decir que es Mr. Monopoly, un empresario que le debe su fortuna a una serie de monopolios protegidos por el gobierno, hay una distancia enorme. En este sentido el artículo del Wall Street Journal es simplemente falso.
Turismo europeo
La razón por la cual no hay más turismo europeo en nuestro país, me dice un conocedor, es simplemente porque no hay más vuelos. Las rutas entre México y los países de Europa tienen un nivel de ocupación cercano al 90 por ciento. Sólo abrir vuelos directos entre México e Italia nos traería miles de turistas adicionales cada semana. En este mercado saturado hay una oportunidad de negocios para quien quiera invertir en vuelos nuevos, lo cual beneficiaría al sector turístico de nuestro país.
martes, 9 de marzo de 2010
Cobro por agua
Por Sergio Sarmiento / Reforma
"Por cada promesa hay un precio que pagar".
Jim Rohn
Los medios electrónicos están llenos de un nuevo anuncio del gobierno federal que, a ritmo de rap, pretende convencernos de ahorrar agua. A lo largo de décadas hemos sido sometidos a muchas campañas de este tipo, como aquellas de "No la riegues" o "Aguas con el agua". Todas tienen en común que han fracasado en lograr un descenso en el consumo de agua.
Cualquier economista medianamente preparado podría explicar las razones. Los seres humanos no ahorramos porque el gobierno lo pida. Lo hacemos en cambio si el precio nos motiva para ello. Por ello, si realmente queremos disminuir el consumo del agua o de cualquier otro producto, lo que debemos hacer es subir el precio.
Los políticos rara vez entienden esta realidad económica. Piensan que pueden quedar bien con los electores, manteniendo precios artificialmente bajos en productos importantes, al tiempo que utilizan recursos de los contribuyentes en infructuosas campañas de publicidad que pretenden convencer a los ciudadanos de moderar su consumo.
Sorprendió así que en noviembre de 2009 el gobierno del Distrito Federal haya tenido el valor de proponer un alza importante en el precio del agua. La Ciudad de México, como lo señalé entonces, tiene uno de los precios más bajos del país y, de hecho, del mundo. En el 2009 el cobro promedio por agua en la Ciudad de México era de 2.30 pesos por metro cúbico, en Tijuana de 11 pesos y en Barcelona de 31 pesos. No sorprende así que el consumo en el Distrito Federal alcance los 307 litros por persona al día, mientras que en Tijuana sea de 190 y en Barcelona de 114.
El gobierno del Distrito Federal propuso un incremento importante. Si bien no eliminaba el subsidio, e introducía un complejo sistema de pagos diferenciados, tenía previsto aumentar la recaudación en un 29 por ciento. Sin embargo, la Asamblea Legislativa, siempre más ignorante o populista, ha reducido de manera importante este incremento.
De conformidad con el sistema de cobros diferenciados por manzana y por volumen de consumo, más del 75 por ciento de los consumidores de agua en el Distrito Federal pagará sólo un 10 por ciento del valor real del líquido. El pago mínimo será de apenas 2 pesos por metro cúbico. Esto equivale a 0.002 pesos, una quinta parte de un centavo por litro.
Los capitalinos de nivel económico alto sí pagarán un precio más realista, de cuando menos 9 pesos por metro cúbico el cual se puede elevar hasta 23 pesos. Se nos dice que el dinero que se recaude de ellos se invertirá en infraestructura y medidores que la ciudad necesita urgentemente. Ojalá que sea así, pero ciertamente se obtendrá menos de lo que se lograría si se cobrara un precio más realista a un porcentaje mayor de la población.
Lo que más preocupa, sin embargo, es que si se mantiene un subsidio muy alto al 75 por ciento de los consumidores, lo más probable es que no se logre el objetivo de disminuir el consumo.
Los políticos argumentan que no se debe cobrar el agua a su precio real por razones sociales. El resultado, sin embargo, es que han creado un sistema perverso en el que los más pobres tienen que pagar más por el agua ya que tienen que obtenerla por pipas y no por tubería.
Pobre del país cuyos políticos no entienden cómo funciona el mecanismo regulador de los precios, y peor aún si piensan que gastando millones de pesos de los contribuyentes en campañas de publicidad podrán resolver los problemas que ellos mismos ocasionan por sus políticas de precios.
GASTO PÚBLICO
El presidente Calderón declaró ayer que el dinero del gasto público se concentra en lo que la gente necesita más. La verdad lo dudo. En 2009, un año de crisis para la mayoría de los mexicanos, el gasto público subió 2.2 por ciento real para alcanzar los 3 billones 91 mil millones de pesos, la mayor cifra de la historia. Nos dicen que mucho del dinero se usó en gasto social. Si es así, ese gasto no ha dado a los mexicanos un mejor nivel de vida.
"Por cada promesa hay un precio que pagar".
Jim Rohn
Los medios electrónicos están llenos de un nuevo anuncio del gobierno federal que, a ritmo de rap, pretende convencernos de ahorrar agua. A lo largo de décadas hemos sido sometidos a muchas campañas de este tipo, como aquellas de "No la riegues" o "Aguas con el agua". Todas tienen en común que han fracasado en lograr un descenso en el consumo de agua.
Cualquier economista medianamente preparado podría explicar las razones. Los seres humanos no ahorramos porque el gobierno lo pida. Lo hacemos en cambio si el precio nos motiva para ello. Por ello, si realmente queremos disminuir el consumo del agua o de cualquier otro producto, lo que debemos hacer es subir el precio.
Los políticos rara vez entienden esta realidad económica. Piensan que pueden quedar bien con los electores, manteniendo precios artificialmente bajos en productos importantes, al tiempo que utilizan recursos de los contribuyentes en infructuosas campañas de publicidad que pretenden convencer a los ciudadanos de moderar su consumo.
Sorprendió así que en noviembre de 2009 el gobierno del Distrito Federal haya tenido el valor de proponer un alza importante en el precio del agua. La Ciudad de México, como lo señalé entonces, tiene uno de los precios más bajos del país y, de hecho, del mundo. En el 2009 el cobro promedio por agua en la Ciudad de México era de 2.30 pesos por metro cúbico, en Tijuana de 11 pesos y en Barcelona de 31 pesos. No sorprende así que el consumo en el Distrito Federal alcance los 307 litros por persona al día, mientras que en Tijuana sea de 190 y en Barcelona de 114.
El gobierno del Distrito Federal propuso un incremento importante. Si bien no eliminaba el subsidio, e introducía un complejo sistema de pagos diferenciados, tenía previsto aumentar la recaudación en un 29 por ciento. Sin embargo, la Asamblea Legislativa, siempre más ignorante o populista, ha reducido de manera importante este incremento.
De conformidad con el sistema de cobros diferenciados por manzana y por volumen de consumo, más del 75 por ciento de los consumidores de agua en el Distrito Federal pagará sólo un 10 por ciento del valor real del líquido. El pago mínimo será de apenas 2 pesos por metro cúbico. Esto equivale a 0.002 pesos, una quinta parte de un centavo por litro.
Los capitalinos de nivel económico alto sí pagarán un precio más realista, de cuando menos 9 pesos por metro cúbico el cual se puede elevar hasta 23 pesos. Se nos dice que el dinero que se recaude de ellos se invertirá en infraestructura y medidores que la ciudad necesita urgentemente. Ojalá que sea así, pero ciertamente se obtendrá menos de lo que se lograría si se cobrara un precio más realista a un porcentaje mayor de la población.
Lo que más preocupa, sin embargo, es que si se mantiene un subsidio muy alto al 75 por ciento de los consumidores, lo más probable es que no se logre el objetivo de disminuir el consumo.
Los políticos argumentan que no se debe cobrar el agua a su precio real por razones sociales. El resultado, sin embargo, es que han creado un sistema perverso en el que los más pobres tienen que pagar más por el agua ya que tienen que obtenerla por pipas y no por tubería.
Pobre del país cuyos políticos no entienden cómo funciona el mecanismo regulador de los precios, y peor aún si piensan que gastando millones de pesos de los contribuyentes en campañas de publicidad podrán resolver los problemas que ellos mismos ocasionan por sus políticas de precios.
GASTO PÚBLICO
El presidente Calderón declaró ayer que el dinero del gasto público se concentra en lo que la gente necesita más. La verdad lo dudo. En 2009, un año de crisis para la mayoría de los mexicanos, el gasto público subió 2.2 por ciento real para alcanzar los 3 billones 91 mil millones de pesos, la mayor cifra de la historia. Nos dicen que mucho del dinero se usó en gasto social. Si es así, ese gasto no ha dado a los mexicanos un mejor nivel de vida.
lunes, 8 de marzo de 2010
En familia
Denise Dresser
Marcial Maciel, pederasta. Juan Pablo II, encubridor.
Legionarios de Cristo, cómplices. Norberto Rivera, omiso. Oligarcas mexicanos, incondicionales. La cúpula de la Iglesia Católica, culpable. Difícil reconocerlo, entenderlo, admitirlo. Pero es la verdad que lleva años allí; que algunas víctimas valientes han denunciado; que algunos periodistas comprometidos han investigado; que muchos mexicanos necesitan saber. Porque la podredumbre exhibida sobre el fundador de los Legionarios de Cristo no es tan sólo un caso aislado de complicidad compartida, o de silencio impuesto. Evidencia lo que en latín se conoce como ignorantia affectata, la "ignorancia cultivada". Esa mezcla de arrogancia, desdén e indiferencia manifestada por los miembros de una familia que prefiere defender la imagen de sus jerarcas, antes que proteger la inocencia de sus niños.
Quizás lo que más ha sorprendido y más duele no es que Marcial Maciel -y otros sacerdotes- haya abusado de menores, sino que la Iglesia lo sabía y lo encubrió. La Iglesia estaba al tanto de su historia y la negó. Permitió que él y otros continuaran abusando, molestando, violando, saltando de parroquia en parroquia, de estado en estado, de país en país. A pesar de la primera visitación papal a la Legión para investigar los presuntos abusos sexuales de Maciel en 1956. A pesar de los reclamos reiterados de sus víctimas a lo largo de los años. A pesar de los reportajes del Canal 40, que le costaron el retiro de la publicidad empresarial por parte de multimillonarios convertidos en apóstoles del legionario libidinoso. A pesar de la investigación en el programa Círculo Rojo de Carmen Aristegui y Javier Solórzano. Ante la evidencia acumulada de comportamiento criminal por parte del clérigo, siguió la cerrazón orquestada. La negación institucionalizada. La evasión practicada por quienes prefirieron cerrar los ojos y vender el alma.
Como Hugo Valdemar, vocero de la Arquidiócesis, quien insiste en negar que el cardenal Norberto Rivera estuviera enterado de la pederastia sacerdotal. Como tantos clérigos que se convirtieron en cómplices a través de la aceptación pasiva. La mirada esquiva. La preocupación por el ascenso y la carrera, y el puesto y la reputación. La solidaridad institucional por encima de un sentido mínimo de humanidad o un entendimiento básico sobre la justicia. Dentro de la cúpula del catolicismo hay quienes todavía se creen intocables e irreprochables, más allá de la ley y sus sanciones. Quienes piensan que los pederastas no necesitan castigo sino rehabilitación, y que no es necesario procesarlos sino perdonarlos. Quienes no están lo suficientemente enojados con lo ocurrido ni han desplegado un remordimiento creíble.
En su libro Papal Sin: Structures of Deceit, el escritor católico Garry Wills argumenta que el abuso sexual cometido por clérigos ha demostrado tres cosas: 1) La crisis de la Iglesia no está confinada a la pederastia y no se resolverá atendiendo nada más ese problema; 2) La crisis se debe fundamentalmente a la ausencia de una rendición de cuentas del mundo eclesiástico al mundo laico; 3) Hay una corrupción endémica en la jerarquía de la Iglesia, causada por la secrecía, la negación y la docilidad a las directrices del Vaticano. La respuesta de la Iglesia ante al escándalo revela su lado más oscuro: una propensión persistente a la arrogancia; una cerrazón preocupante ante la crítica; un autismo alarmante ante el sufrimiento de sus feligreses.
La Iglesia le ha fallado a sus víctimas y no logra entender el clamor legítimo de quienes han sido acariciados, masturbados, violados. Y tanto el Vaticano como los Legionarios de Cristo no pueden seguir eludiendo o minimizando lo ocurrido, que no termina con la muerte de Maciel: otros párrocos culpables deben ser procesados y encarcelados. Si hay una denuncia sustancial contra un sacerdote que involucre el abuso sexual de un menor, ese sacerdote debe ser removido permanentemente de su puesto. Porque dentro de la Iglesia hay, sin duda, muchos hombres y mujeres de bien. Pero los pecados de un grupo y la reacción deplorable de la burocracia católica han ensuciado la reputación de toda la institución.
Y más allá de ello, como lo revela Lydia Cacho en Los demonios del Edén, el abuso sexual a menores no es monopolio de la Iglesia Católica. México es un país de pederastas y de políticos que los amparan. México es un país donde las redes de pedófilos encuentran autoridades que las tejen. Más de 20,000 niñas violadas y niños acosados. Cientos de menores de edad vendidos por sus padres y comprados por pederastas. Círculos concéntricos de complicidad evidenciados en las 16 menciones en su libro a Emilio Gamboa Patrón, ex coordinador parlamentario del PRI. Las 27 menciones a Miguel Ángel Yunes, actual candidato del PAN a la gubernatura de Veracruz. Si el dolor producido por Marcial Maciel y sus múltiples protectores sirve de algo, debería ser para combatir la impunidad en tantos casos más. Para evitar que la pederastia sea tan sólo un asunto encubierto, que queda "en familia".
Marcial Maciel, pederasta. Juan Pablo II, encubridor.
Legionarios de Cristo, cómplices. Norberto Rivera, omiso. Oligarcas mexicanos, incondicionales. La cúpula de la Iglesia Católica, culpable. Difícil reconocerlo, entenderlo, admitirlo. Pero es la verdad que lleva años allí; que algunas víctimas valientes han denunciado; que algunos periodistas comprometidos han investigado; que muchos mexicanos necesitan saber. Porque la podredumbre exhibida sobre el fundador de los Legionarios de Cristo no es tan sólo un caso aislado de complicidad compartida, o de silencio impuesto. Evidencia lo que en latín se conoce como ignorantia affectata, la "ignorancia cultivada". Esa mezcla de arrogancia, desdén e indiferencia manifestada por los miembros de una familia que prefiere defender la imagen de sus jerarcas, antes que proteger la inocencia de sus niños.
Quizás lo que más ha sorprendido y más duele no es que Marcial Maciel -y otros sacerdotes- haya abusado de menores, sino que la Iglesia lo sabía y lo encubrió. La Iglesia estaba al tanto de su historia y la negó. Permitió que él y otros continuaran abusando, molestando, violando, saltando de parroquia en parroquia, de estado en estado, de país en país. A pesar de la primera visitación papal a la Legión para investigar los presuntos abusos sexuales de Maciel en 1956. A pesar de los reclamos reiterados de sus víctimas a lo largo de los años. A pesar de los reportajes del Canal 40, que le costaron el retiro de la publicidad empresarial por parte de multimillonarios convertidos en apóstoles del legionario libidinoso. A pesar de la investigación en el programa Círculo Rojo de Carmen Aristegui y Javier Solórzano. Ante la evidencia acumulada de comportamiento criminal por parte del clérigo, siguió la cerrazón orquestada. La negación institucionalizada. La evasión practicada por quienes prefirieron cerrar los ojos y vender el alma.
Como Hugo Valdemar, vocero de la Arquidiócesis, quien insiste en negar que el cardenal Norberto Rivera estuviera enterado de la pederastia sacerdotal. Como tantos clérigos que se convirtieron en cómplices a través de la aceptación pasiva. La mirada esquiva. La preocupación por el ascenso y la carrera, y el puesto y la reputación. La solidaridad institucional por encima de un sentido mínimo de humanidad o un entendimiento básico sobre la justicia. Dentro de la cúpula del catolicismo hay quienes todavía se creen intocables e irreprochables, más allá de la ley y sus sanciones. Quienes piensan que los pederastas no necesitan castigo sino rehabilitación, y que no es necesario procesarlos sino perdonarlos. Quienes no están lo suficientemente enojados con lo ocurrido ni han desplegado un remordimiento creíble.
En su libro Papal Sin: Structures of Deceit, el escritor católico Garry Wills argumenta que el abuso sexual cometido por clérigos ha demostrado tres cosas: 1) La crisis de la Iglesia no está confinada a la pederastia y no se resolverá atendiendo nada más ese problema; 2) La crisis se debe fundamentalmente a la ausencia de una rendición de cuentas del mundo eclesiástico al mundo laico; 3) Hay una corrupción endémica en la jerarquía de la Iglesia, causada por la secrecía, la negación y la docilidad a las directrices del Vaticano. La respuesta de la Iglesia ante al escándalo revela su lado más oscuro: una propensión persistente a la arrogancia; una cerrazón preocupante ante la crítica; un autismo alarmante ante el sufrimiento de sus feligreses.
La Iglesia le ha fallado a sus víctimas y no logra entender el clamor legítimo de quienes han sido acariciados, masturbados, violados. Y tanto el Vaticano como los Legionarios de Cristo no pueden seguir eludiendo o minimizando lo ocurrido, que no termina con la muerte de Maciel: otros párrocos culpables deben ser procesados y encarcelados. Si hay una denuncia sustancial contra un sacerdote que involucre el abuso sexual de un menor, ese sacerdote debe ser removido permanentemente de su puesto. Porque dentro de la Iglesia hay, sin duda, muchos hombres y mujeres de bien. Pero los pecados de un grupo y la reacción deplorable de la burocracia católica han ensuciado la reputación de toda la institución.
Y más allá de ello, como lo revela Lydia Cacho en Los demonios del Edén, el abuso sexual a menores no es monopolio de la Iglesia Católica. México es un país de pederastas y de políticos que los amparan. México es un país donde las redes de pedófilos encuentran autoridades que las tejen. Más de 20,000 niñas violadas y niños acosados. Cientos de menores de edad vendidos por sus padres y comprados por pederastas. Círculos concéntricos de complicidad evidenciados en las 16 menciones en su libro a Emilio Gamboa Patrón, ex coordinador parlamentario del PRI. Las 27 menciones a Miguel Ángel Yunes, actual candidato del PAN a la gubernatura de Veracruz. Si el dolor producido por Marcial Maciel y sus múltiples protectores sirve de algo, debería ser para combatir la impunidad en tantos casos más. Para evitar que la pederastia sea tan sólo un asunto encubierto, que queda "en familia".
viernes, 5 de marzo de 2010
CIRCUITO INTERIOR
REFORMA
4 Mar. 10
Aunque usted no lo crea
EN ESTA CIUDAD, si la ruta de un transporte como el Metrobús pasa por una zona de marchas se cambia la ruta... pero no se aplica la Ley de Cultura Cívica por obstruir vías públicas.
EN ESTA CIUDAD, el Twitter vial de la SSP alerta al ciudadano para evitar una vialidad obstruida por autos mal estacionados hasta en tercera fila... en vez de que los agentes apliquen el Reglamento de Tránsito.
EN ESTA CIUDAD, la Policía manda a sus únicos 25 elementos de la Brigada Animal para vigilar a los perros callejeros del Bosque de Chapultepec... en lugar de retirarlos y llevarlos a albergues o a centros antirrábicos.
EN ESTA CIUDAD, parece que es más fácil administrar el desorden... que hacer que se cumpla la ley.
4 Mar. 10
Aunque usted no lo crea
EN ESTA CIUDAD, si la ruta de un transporte como el Metrobús pasa por una zona de marchas se cambia la ruta... pero no se aplica la Ley de Cultura Cívica por obstruir vías públicas.
EN ESTA CIUDAD, el Twitter vial de la SSP alerta al ciudadano para evitar una vialidad obstruida por autos mal estacionados hasta en tercera fila... en vez de que los agentes apliquen el Reglamento de Tránsito.
EN ESTA CIUDAD, la Policía manda a sus únicos 25 elementos de la Brigada Animal para vigilar a los perros callejeros del Bosque de Chapultepec... en lugar de retirarlos y llevarlos a albergues o a centros antirrábicos.
EN ESTA CIUDAD, parece que es más fácil administrar el desorden... que hacer que se cumpla la ley.
jueves, 4 de marzo de 2010
Boda para todos
Por Sergio Sarmiento / Reforma
"En los Estados Unidos Mexicanos [...] queda prohibida toda discriminación".
Artículo primero constitucional
A partir de hoy será posible que las personas del mismo sexo contraigan matrimonio en el Distrito Federal. Es un tema controvertido y en buena medida impopular. Cada vez que lo toco recibo cuestionamientos que se vuelven insultantes, cosa que en general no ocurre con otros asuntos.
Los gobiernos panistas han hecho todo lo que han podido para invalidar la ley que permitirá estos matrimonios. El federal interpuso, a través de la Procuraduría General de la República, una controversia constitucional ante la Suprema Corte de Justicia argumentando que la Constitución define el matrimonio como una unión entre hombre y mujer. Seis estados gobernados por el PAN promovieron también controversias con el razonamiento de que estos matrimonios afectaban sus prerrogativas ya que estarían obligados a reconocer como válidas uniones que en sus propias entidades no se permiten.
La Suprema Corte de Justicia ha desechado como notoriamente improcedentes las controversias de los estados. La de la PGR sigue su curso, pero debido a que no hay ninguna moción suspensiva los matrimonios entre personas del mismo sexo serán válidos en el Distrito Federal a partir de hoy.
El mundo no se acabará porque se formalicen estas uniones. La enorme mayoría de las parejas del mismo sexo que contraerán matrimonio llevan ya mucho tiempo viviendo juntos. La única diferencia será que tendrán un documento que les dé mayor estabilidad en sus uniones, que permita la transmisión de derechos sociales o de pensiones y que facilite que los miembros de la pareja se hereden bienes mutuamente. La enorme mayoría de los homosexuales del país, sin embargo, no está interesada en contraer matrimonio.
En lo que concierne a la adopción no hay, pese a lo que piensa mucha gente, un cambio significativo en la situación jurídica. En este momento la ley mexicana no limita el derecho a la adopción de las personas por su preferencia sexual. Y en nuestro sistema jurídico, lo que no está prohibido está permitido.
El artículo primero de la Constitución, de hecho, establece en su redacción actual la posibilidad del matrimonio entre personas del mismo sexo al señalar que en México "queda prohibida toda discriminación", incluso la que se genera por razón de "las preferencias [...] o cualquier otra que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas". La libertad de escoger a la persona con la que uno puede contraer matrimonio es quizá una de las más fundamentales que pueda haber.
La PGR sostiene que el artículo cuarto constitucional protege la familia y, por lo tanto, el matrimonio exclusivo entre hombres y mujeres. Pero lo único que dice ese artículo es que "la ley [...] protegerá la organización y el desarrollo de la familia". No entiendo el argumento de que para proteger a la familia haya que prohibir las familias de parejas del mismo sexo.
La nueva ley capitalina no obliga a nadie a contraer matrimonio. Es simplemente un reconocimiento explícito de una de las libertades fundamentales que garantiza la Constitución. Uno puede entender que una iglesia considere inaceptables estos matrimonios, aunque sea la iglesia que durante tantos años defendió al padre Marcial Maciel e impidió a las víctimas de sus abusos procurar justicia. Pero un Estado laico no tiene por qué ceder ante estas posiciones religiosas o prejuicios.
Guerra por el Zócalo
Sigue la guerra entre el gobierno federal y el capitalino por el Zócalo de la Ciudad de México. El gobierno de Marcelo Ebrard organizó y buscó patrocinios para la exposición del fotógrafo Willy Souza en esa plaza. El gobierno federal, sin embargo, al parecer ofreció una aportación de dinero público para llevar la exposición a una gira por el país. A cambio de eso, la exposición iba a ser inaugurada ayer por el presidente Felipe Calderón en lugar de por Ebrard.
www.sergiosarmiento.com
"En los Estados Unidos Mexicanos [...] queda prohibida toda discriminación".
Artículo primero constitucional
A partir de hoy será posible que las personas del mismo sexo contraigan matrimonio en el Distrito Federal. Es un tema controvertido y en buena medida impopular. Cada vez que lo toco recibo cuestionamientos que se vuelven insultantes, cosa que en general no ocurre con otros asuntos.
Los gobiernos panistas han hecho todo lo que han podido para invalidar la ley que permitirá estos matrimonios. El federal interpuso, a través de la Procuraduría General de la República, una controversia constitucional ante la Suprema Corte de Justicia argumentando que la Constitución define el matrimonio como una unión entre hombre y mujer. Seis estados gobernados por el PAN promovieron también controversias con el razonamiento de que estos matrimonios afectaban sus prerrogativas ya que estarían obligados a reconocer como válidas uniones que en sus propias entidades no se permiten.
La Suprema Corte de Justicia ha desechado como notoriamente improcedentes las controversias de los estados. La de la PGR sigue su curso, pero debido a que no hay ninguna moción suspensiva los matrimonios entre personas del mismo sexo serán válidos en el Distrito Federal a partir de hoy.
El mundo no se acabará porque se formalicen estas uniones. La enorme mayoría de las parejas del mismo sexo que contraerán matrimonio llevan ya mucho tiempo viviendo juntos. La única diferencia será que tendrán un documento que les dé mayor estabilidad en sus uniones, que permita la transmisión de derechos sociales o de pensiones y que facilite que los miembros de la pareja se hereden bienes mutuamente. La enorme mayoría de los homosexuales del país, sin embargo, no está interesada en contraer matrimonio.
En lo que concierne a la adopción no hay, pese a lo que piensa mucha gente, un cambio significativo en la situación jurídica. En este momento la ley mexicana no limita el derecho a la adopción de las personas por su preferencia sexual. Y en nuestro sistema jurídico, lo que no está prohibido está permitido.
El artículo primero de la Constitución, de hecho, establece en su redacción actual la posibilidad del matrimonio entre personas del mismo sexo al señalar que en México "queda prohibida toda discriminación", incluso la que se genera por razón de "las preferencias [...] o cualquier otra que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas". La libertad de escoger a la persona con la que uno puede contraer matrimonio es quizá una de las más fundamentales que pueda haber.
La PGR sostiene que el artículo cuarto constitucional protege la familia y, por lo tanto, el matrimonio exclusivo entre hombres y mujeres. Pero lo único que dice ese artículo es que "la ley [...] protegerá la organización y el desarrollo de la familia". No entiendo el argumento de que para proteger a la familia haya que prohibir las familias de parejas del mismo sexo.
La nueva ley capitalina no obliga a nadie a contraer matrimonio. Es simplemente un reconocimiento explícito de una de las libertades fundamentales que garantiza la Constitución. Uno puede entender que una iglesia considere inaceptables estos matrimonios, aunque sea la iglesia que durante tantos años defendió al padre Marcial Maciel e impidió a las víctimas de sus abusos procurar justicia. Pero un Estado laico no tiene por qué ceder ante estas posiciones religiosas o prejuicios.
Guerra por el Zócalo
Sigue la guerra entre el gobierno federal y el capitalino por el Zócalo de la Ciudad de México. El gobierno de Marcelo Ebrard organizó y buscó patrocinios para la exposición del fotógrafo Willy Souza en esa plaza. El gobierno federal, sin embargo, al parecer ofreció una aportación de dinero público para llevar la exposición a una gira por el país. A cambio de eso, la exposición iba a ser inaugurada ayer por el presidente Felipe Calderón en lugar de por Ebrard.
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lunes, 1 de marzo de 2010
Mala imagen
Por Sergio Sarmiento / Reforma
"Noticia es lo que alguien quiere suprimir. Todo lo demás es publicidad".
Reuven Frank
ACAPULCO.- En una de esas notas perdidas en las páginas interiores de los periódicos me entero que los operadores turísticos están estimando que habrá una caída de hasta 70 por ciento en el número de spring breakers que lleguen a Acapulco este año. Dos son las razones. La primera, la crisis económica internacional. La segunda, la creciente reputación de violencia de nuestro país.
Contra la crisis económica, la única cura es el tiempo para que la recuperación que ya está comenzando tenga sus efectos. El problema de prestigio es mucho más complicado y duradero.
Cada vez que se da a conocer una ejecución masiva o algún otro acto de violencia, la imagen de nuestro país se deteriora. Los padres de familia en Estados Unidos o Canadá les suplican hoy a sus hijos no ir a México en sus vacaciones de primavera. Y a pesar de que mucho se ha cuestionado a los spring breakers en nuestro país, hoy que están dejando de venir nos damos cuenta de que los ingresos que traen son importantes.
Para el gobierno, la perversidad de los medios mexicanos es la responsable del problema de imagen. En varias ocasiones el Presidente se ha quejado de que nuestros medios hablan mal de México mientras que en otros lugares, como Brasil, supuestamente no se denuncia lo que ocurre en el país.
En su conferencia de prensa del 25 de febrero el Presidente cuestionó a los medios por difundir el contenido de las llamadas narcomantas: "Claro que si uno ve la prensa nacional, desde luego que la manta que dejan, además, en un pueblo, un recado de fulano para zutano, o lo que no tenemos, lo que nos cuesta a cualquiera de ustedes o al gobierno pagar una primera plana de varios millones de pesos, eso sí aparece en primera plana y a todo color".
El Presidente parece estar ya en esa etapa de su gobierno, a la que han llegado todos sus predecesores, en que se culpa a los medios de los problemas. Pero los medios tienen la obligación de difundir lo que inquieta e interesa a la población, y los llamados narcomensajes son una innegable fuente de preocupación para los mexicanos. No difundir su contenido sería una falta de responsabilidad, pero además ayudaría a fortalecer la idea, ya presente en muchos mexicanos, de que los medios ocultan la información más inquietante de la actuación del crimen organizado.
No es la difusión de narcomensajes la que está mandando el mensaje de que México es un país inseguro. La principal razón son las ejecuciones mismas, cada vez más salvajes y cotidianas. La otra es la propia acción del gobierno. Los retenes de militares encapuchados y armados en carreteras y caminos no mandan el mensaje de que México es un destino tranquilo y acogedor.
Sorprende que el Presidente se queje de que tiene que pagar millones de pesos para comprar una primera plana. Me pregunto a qué periódico se la está comprando. La verdad es que no lo necesita. No hay medio en el país que no dé cobertura amplia a cada presentación y a cada palabra del Presidente. Además, el Estado tiene tiempos gratuitos en los medios electrónicos, los cuales no existen en los países democráticos, con los que bombardea constantemente de propaganda a los ciudadanos.
No son los medios de comunicación los que están generando el deterioro de la imagen de México. Es más bien el fracaso del Estado en su responsabilidad de proteger a los ciudadanos además de un despliegue monumental de soldados y policías federales en el país.
Terremoto
El terremoto de Chile de 8.8 grados del 27 de febrero fue 501 veces más intenso que el de 7.0 grados de Haití. El menor daño y número de muertos se deben a la mayor lejanía del epicentro de los centros de población y a su mayor profundidad, pero también a la mejor construcción en Chile. Según el U.S. Geological Service, la zona costera de Chile ha sufrido 13 sismos de 7.0 grados o más desde 1973. En esta zona tuvo lugar el mayor sismo en 200 años de registro: de 9.5 grados en 1960.
www.sergiosarmiento.com
"Noticia es lo que alguien quiere suprimir. Todo lo demás es publicidad".
Reuven Frank
ACAPULCO.- En una de esas notas perdidas en las páginas interiores de los periódicos me entero que los operadores turísticos están estimando que habrá una caída de hasta 70 por ciento en el número de spring breakers que lleguen a Acapulco este año. Dos son las razones. La primera, la crisis económica internacional. La segunda, la creciente reputación de violencia de nuestro país.
Contra la crisis económica, la única cura es el tiempo para que la recuperación que ya está comenzando tenga sus efectos. El problema de prestigio es mucho más complicado y duradero.
Cada vez que se da a conocer una ejecución masiva o algún otro acto de violencia, la imagen de nuestro país se deteriora. Los padres de familia en Estados Unidos o Canadá les suplican hoy a sus hijos no ir a México en sus vacaciones de primavera. Y a pesar de que mucho se ha cuestionado a los spring breakers en nuestro país, hoy que están dejando de venir nos damos cuenta de que los ingresos que traen son importantes.
Para el gobierno, la perversidad de los medios mexicanos es la responsable del problema de imagen. En varias ocasiones el Presidente se ha quejado de que nuestros medios hablan mal de México mientras que en otros lugares, como Brasil, supuestamente no se denuncia lo que ocurre en el país.
En su conferencia de prensa del 25 de febrero el Presidente cuestionó a los medios por difundir el contenido de las llamadas narcomantas: "Claro que si uno ve la prensa nacional, desde luego que la manta que dejan, además, en un pueblo, un recado de fulano para zutano, o lo que no tenemos, lo que nos cuesta a cualquiera de ustedes o al gobierno pagar una primera plana de varios millones de pesos, eso sí aparece en primera plana y a todo color".
El Presidente parece estar ya en esa etapa de su gobierno, a la que han llegado todos sus predecesores, en que se culpa a los medios de los problemas. Pero los medios tienen la obligación de difundir lo que inquieta e interesa a la población, y los llamados narcomensajes son una innegable fuente de preocupación para los mexicanos. No difundir su contenido sería una falta de responsabilidad, pero además ayudaría a fortalecer la idea, ya presente en muchos mexicanos, de que los medios ocultan la información más inquietante de la actuación del crimen organizado.
No es la difusión de narcomensajes la que está mandando el mensaje de que México es un país inseguro. La principal razón son las ejecuciones mismas, cada vez más salvajes y cotidianas. La otra es la propia acción del gobierno. Los retenes de militares encapuchados y armados en carreteras y caminos no mandan el mensaje de que México es un destino tranquilo y acogedor.
Sorprende que el Presidente se queje de que tiene que pagar millones de pesos para comprar una primera plana. Me pregunto a qué periódico se la está comprando. La verdad es que no lo necesita. No hay medio en el país que no dé cobertura amplia a cada presentación y a cada palabra del Presidente. Además, el Estado tiene tiempos gratuitos en los medios electrónicos, los cuales no existen en los países democráticos, con los que bombardea constantemente de propaganda a los ciudadanos.
No son los medios de comunicación los que están generando el deterioro de la imagen de México. Es más bien el fracaso del Estado en su responsabilidad de proteger a los ciudadanos además de un despliegue monumental de soldados y policías federales en el país.
Terremoto
El terremoto de Chile de 8.8 grados del 27 de febrero fue 501 veces más intenso que el de 7.0 grados de Haití. El menor daño y número de muertos se deben a la mayor lejanía del epicentro de los centros de población y a su mayor profundidad, pero también a la mejor construcción en Chile. Según el U.S. Geological Service, la zona costera de Chile ha sufrido 13 sismos de 7.0 grados o más desde 1973. En esta zona tuvo lugar el mayor sismo en 200 años de registro: de 9.5 grados en 1960.
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¿Qué nos pasa?
Luis Rubio / Reforma
28 Feb. 10
Con su famoso "qué nos pasa" Héctor Suárez nos puso en evidencia, pero no logró cambiar la realidad. El punto de aquel programa residía en mostrar nuestras incongruencias y, sobre todo, la indisposición a resolver problemas. Nuestras dificultades son conocidas por todos, son fáciles de identificar y no requieren de un genio para enfrentarse. Pero el hecho es que no las enfrentamos: nos quedamos atorados en el camino sin llegar a una resolución.
Los mexicanos nos hemos acostumbrado a que la salvación nos llegue por terceros. Décadas de gobiernos priistas nos hicieron dependientes al llamado de la autoridad. El presiente era el líder, dueño y experto en todo. Sumando las formas aztecas con el corporativismo, el PRI creó toda una cultura de subordinación, sumisión y dependencia que nos ha hecho incapaces de actuar por nuestra cuenta. Todo el mundo critica al presidente por su incapacidad o indisposición a asumir la función que tradicionalmente le tocaba al tlatoani sexenal pero lo extraordinario es que, ante la ausencia, no emerjan liderazgos alternativos que asuman esa responsabilidad. En Brasil, Chile, Francia o EUA no faltan líderes dispuestos a sacar la cabeza y convocar. Aquí sólo lo hacen quienes quieren llevar agua a su molino.
¿Cómo es posible que en un país que se dice moderno, con aptitudes excepcionales de liderazgo en personas, políticos, empresas e instituciones, ninguno emerja para forzar una transformación? La mayoría de nuestros políticos entiende perfectamente los temas, pero cuando actúa lo hace de manera interesada o dentro del espacio que le permite su cultura grupal o corporativa. La cultura priista sigue permeándolo todo: partidos, medios, empresas: todos hablan en plural pero, con notables excepciones, sólo se preocupan de lo suyo. En el país hay centenas de líderes competentes en una multiplicidad de actividades, regiones y sectores y, sin embargo, ninguno emerge para romper la parálisis.
El país lleva años atorado, incapacitado para promover y lograr el crecimiento de la economía. En lugar de avanzar el tema en el que toda la población coincide, incluidos los intereses más recalcitrantes y reaccionarios, lo único que se ha logrado es extender las prerrogativas de la burocracia y la corrupción con una rendición de cuentas cada vez menor. Porque eso, y no otra cosa, es lo que manifiesta la reforma energética que le confirió todavía más privilegios al sindicato o la rendición gubernamental ante el magisterio. Los partidos en el gobierno cambian, pero el oscurantismo populista persiste: en lugar de romper con un statu quo claramente intolerable, todo contribuye a afianzarlo y prologar su existencia. Hemos perfeccionado el arte de la parálisis en lugar de promover la prosperidad. Como grupo, prácticamente ningún político o partido acepta hoy la esencia de su responsabilidad: que la riqueza se tiene que crear, no sólo regular, impedir o pretender distribuirla.
Aunque se reconoce la existencia de un problema -la retórica que emana de todos los ámbitos así lo muestra- lo importante es satisfacer la agenda personal o grupal, no la urgencia de transformar al país. Los diagnósticos y las propuestas de política que de ellos surgen son ricos en contenido pero pobres en comprensión. De nada sirve proponer una gran estrategia de transformación cuando ninguna de las soluciones que ahí se visualizan o proponen es susceptible de modificar la realidad para bien.
Ante todo, es evidente que el país vive disfuncionalidades y contradicciones fundamentales tanto políticas como económicas. Sin embargo, por más diagnósticos que existan, prácticamente ninguno reconoce los velos -e intereses- que impiden que las propuestas sean soluciones viables. No es que falten propuestas, muchas de ellas por demás sensatas y razonables, pero vivimos la paradoja de que su adopción no resolvería los problemas. Llevamos más de dos décadas aprobando reformas que no han logrado romper con el impasse que nos caracteriza. Algo debe estar mal.
El país requiere muchas reformas pero no tiene capacidad de absorberlas y procesarlas porque lo que está mal es la estructura del poder, razón por la cual sería mejor no pretender que una aspirina va a resolver un cáncer. No es que muchas de las propuestas entrañen malas ideas: es que, simplemente, la solución no empata al problema real.
La cultura priista que se impuso a lo largo de décadas nos dejó un legado de mitos y vicios mentales que no parecemos capaces de remontar. En materia económica, lo fundamental es el conjunto de obstáculos a la generación de riqueza. Eso no se corrige, por ejemplo, con más impuestos o mejor gasto, aunque ambos pudiesen ser necesarios, sino con la eliminación de obstáculos a la instalación y operación de empresas, la inversión en infraestructura, la generación de condiciones de competencia real y efectiva y el rompimiento de estructuras sindicales que, como la del magisterio, mantienen sumisa a la población, atorada en un sistema educativo que inhibe la creatividad y el desarrollo de las personas. De nada sirve cambiar la estructura fiscal, privatizar empresas o negociar tratados de libre comercio, por más que todos sean necesarios, si todo está diseñado para impedir que la economía logre su cometido principal: generar riqueza con oportunidades iguales para todos.
Lo mismo es cierto del sistema político: es evidente que está atorado, pero también es obvio que las reformas propuestas no romperían los monopolios del poder, la distancia entre la ciudadanía y los gobernantes o la falta de reconocimiento de los ganadores en una elección. Al revés: dada nuestra realidad política, muchas de las reformas que se proponen no sólo afianzarían la estructura actual del poder, sino que desacreditarían, una vez más, la noción y urgencia de reformar. El problema del poder y la falta de acuerdo sobre cómo distribuirlo, contenerlo y que rinda cuentas tiene que preceder a cualquier reforma legal. Éstos son temas de política y liderazgo, no de legislación. Lo primero es lo primero.
Todos sabemos que el presidente no ha logrado ejercer el liderazgo que exige su función en nuestro sistema. Lo patético es que no surjan liderazgos alternativos con credibilidad que digan lo obvio del país y del sistema político económico: que, como en el cuento de Andersen, el emperador está desnudo. A México no le faltan líderes de primera, pero ninguno parece dispuesto a asumir esa función más allá de su ámbito: es más fácil quejarse de la incompetencia de los otros, del pésimo gobierno o de lo mal que están las cosas. Urge romper con el groupthink de Orwell que mata al país de a poquito...
www.cidac.org
28 Feb. 10
Con su famoso "qué nos pasa" Héctor Suárez nos puso en evidencia, pero no logró cambiar la realidad. El punto de aquel programa residía en mostrar nuestras incongruencias y, sobre todo, la indisposición a resolver problemas. Nuestras dificultades son conocidas por todos, son fáciles de identificar y no requieren de un genio para enfrentarse. Pero el hecho es que no las enfrentamos: nos quedamos atorados en el camino sin llegar a una resolución.
Los mexicanos nos hemos acostumbrado a que la salvación nos llegue por terceros. Décadas de gobiernos priistas nos hicieron dependientes al llamado de la autoridad. El presiente era el líder, dueño y experto en todo. Sumando las formas aztecas con el corporativismo, el PRI creó toda una cultura de subordinación, sumisión y dependencia que nos ha hecho incapaces de actuar por nuestra cuenta. Todo el mundo critica al presidente por su incapacidad o indisposición a asumir la función que tradicionalmente le tocaba al tlatoani sexenal pero lo extraordinario es que, ante la ausencia, no emerjan liderazgos alternativos que asuman esa responsabilidad. En Brasil, Chile, Francia o EUA no faltan líderes dispuestos a sacar la cabeza y convocar. Aquí sólo lo hacen quienes quieren llevar agua a su molino.
¿Cómo es posible que en un país que se dice moderno, con aptitudes excepcionales de liderazgo en personas, políticos, empresas e instituciones, ninguno emerja para forzar una transformación? La mayoría de nuestros políticos entiende perfectamente los temas, pero cuando actúa lo hace de manera interesada o dentro del espacio que le permite su cultura grupal o corporativa. La cultura priista sigue permeándolo todo: partidos, medios, empresas: todos hablan en plural pero, con notables excepciones, sólo se preocupan de lo suyo. En el país hay centenas de líderes competentes en una multiplicidad de actividades, regiones y sectores y, sin embargo, ninguno emerge para romper la parálisis.
El país lleva años atorado, incapacitado para promover y lograr el crecimiento de la economía. En lugar de avanzar el tema en el que toda la población coincide, incluidos los intereses más recalcitrantes y reaccionarios, lo único que se ha logrado es extender las prerrogativas de la burocracia y la corrupción con una rendición de cuentas cada vez menor. Porque eso, y no otra cosa, es lo que manifiesta la reforma energética que le confirió todavía más privilegios al sindicato o la rendición gubernamental ante el magisterio. Los partidos en el gobierno cambian, pero el oscurantismo populista persiste: en lugar de romper con un statu quo claramente intolerable, todo contribuye a afianzarlo y prologar su existencia. Hemos perfeccionado el arte de la parálisis en lugar de promover la prosperidad. Como grupo, prácticamente ningún político o partido acepta hoy la esencia de su responsabilidad: que la riqueza se tiene que crear, no sólo regular, impedir o pretender distribuirla.
Aunque se reconoce la existencia de un problema -la retórica que emana de todos los ámbitos así lo muestra- lo importante es satisfacer la agenda personal o grupal, no la urgencia de transformar al país. Los diagnósticos y las propuestas de política que de ellos surgen son ricos en contenido pero pobres en comprensión. De nada sirve proponer una gran estrategia de transformación cuando ninguna de las soluciones que ahí se visualizan o proponen es susceptible de modificar la realidad para bien.
Ante todo, es evidente que el país vive disfuncionalidades y contradicciones fundamentales tanto políticas como económicas. Sin embargo, por más diagnósticos que existan, prácticamente ninguno reconoce los velos -e intereses- que impiden que las propuestas sean soluciones viables. No es que falten propuestas, muchas de ellas por demás sensatas y razonables, pero vivimos la paradoja de que su adopción no resolvería los problemas. Llevamos más de dos décadas aprobando reformas que no han logrado romper con el impasse que nos caracteriza. Algo debe estar mal.
El país requiere muchas reformas pero no tiene capacidad de absorberlas y procesarlas porque lo que está mal es la estructura del poder, razón por la cual sería mejor no pretender que una aspirina va a resolver un cáncer. No es que muchas de las propuestas entrañen malas ideas: es que, simplemente, la solución no empata al problema real.
La cultura priista que se impuso a lo largo de décadas nos dejó un legado de mitos y vicios mentales que no parecemos capaces de remontar. En materia económica, lo fundamental es el conjunto de obstáculos a la generación de riqueza. Eso no se corrige, por ejemplo, con más impuestos o mejor gasto, aunque ambos pudiesen ser necesarios, sino con la eliminación de obstáculos a la instalación y operación de empresas, la inversión en infraestructura, la generación de condiciones de competencia real y efectiva y el rompimiento de estructuras sindicales que, como la del magisterio, mantienen sumisa a la población, atorada en un sistema educativo que inhibe la creatividad y el desarrollo de las personas. De nada sirve cambiar la estructura fiscal, privatizar empresas o negociar tratados de libre comercio, por más que todos sean necesarios, si todo está diseñado para impedir que la economía logre su cometido principal: generar riqueza con oportunidades iguales para todos.
Lo mismo es cierto del sistema político: es evidente que está atorado, pero también es obvio que las reformas propuestas no romperían los monopolios del poder, la distancia entre la ciudadanía y los gobernantes o la falta de reconocimiento de los ganadores en una elección. Al revés: dada nuestra realidad política, muchas de las reformas que se proponen no sólo afianzarían la estructura actual del poder, sino que desacreditarían, una vez más, la noción y urgencia de reformar. El problema del poder y la falta de acuerdo sobre cómo distribuirlo, contenerlo y que rinda cuentas tiene que preceder a cualquier reforma legal. Éstos son temas de política y liderazgo, no de legislación. Lo primero es lo primero.
Todos sabemos que el presidente no ha logrado ejercer el liderazgo que exige su función en nuestro sistema. Lo patético es que no surjan liderazgos alternativos con credibilidad que digan lo obvio del país y del sistema político económico: que, como en el cuento de Andersen, el emperador está desnudo. A México no le faltan líderes de primera, pero ninguno parece dispuesto a asumir esa función más allá de su ámbito: es más fácil quejarse de la incompetencia de los otros, del pésimo gobierno o de lo mal que están las cosas. Urge romper con el groupthink de Orwell que mata al país de a poquito...
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